"Pataz
en crisis”
La
lucha entre minería ilegal, crimen organizado y la búsqueda de seguridad"
Estimación
de oro ilegal en Pataz
Se
estima que, en Pataz en los últimos cuatro años, han salido más de 33,000
volquetes con 674,160 toneladas de mineral aurífero sin trazabilidad, con un
valor superior a 3,500 millones de dólares. Esta cifra refleja la magnitud del
oro extraído ilegalmente en la región.
Aunque
no se especifica la cantidad exacta de oro puro extraído ilegalmente solo en
Pataz, considerando que Perú produjo alrededor de 77 toneladas de oro ilegal en
todo el país en 2023, y que Pataz es uno de los epicentros de esta actividad,
se puede inferir que una parte significativa de ese volumen proviene de esta
provincia. En términos económicos, la minería ilegal en Pataz ha generado
pérdidas millonarias para empresas formales como Poderosa, se calcula una
afectación promedio de 300 mil onzas de oro en sus concesiones debido a la
minería ilegal.
No
existe una cifra oficial exacta de mineros ilegales en Pataz. Sin embargo, a
abril de 2025, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)
contabilizaba 2,928 mineros informales registrados extrayendo oro en la
provincia. Es importante destacar que muchos de los inscritos en el Reinfo
operan en la informalidad o ilegalidad, y la cifra real de mineros ilegales
podría ser mayor, considerando a quienes no están registrados o han sido suspendidos,
pero continúan operando.
Crimen
organizado
Las
bandas criminales comenzaron a asentarse en Pataz alrededor del año 2019,
cuando se incrementaron significativamente las denuncias por minería ilegal en
la zona. Desde entonces, estas organizaciones criminales han ido consolidando
su control sobre la extracción ilegal de oro, llegando a contratar “seguridad”
para proteger sus actividades ante robos y enfrentamientos con otras bandas.
Hasta
inicios de 2024, cinco facciones criminales se disputaban el control de las
minas en Pataz, pero en abril de ese año llegaron a un acuerdo para operar
conjuntamente bajo el nombre de “La Gran Alianza”, con el fin de resguardar sus
dominios y controlar hasta el 50% del oro extraído ilegalmente en la región.
Estas bandas no solo se dedican a la extracción ilegal, sino que también están
involucradas en actividades conexas como narcotráfico, sicariato y extorsión.
VIOLENCIA
EN LA REGION
1. Control territorial y crimen
organizado
Pataz
es escenario de la operación de al menos 5 bandas criminales, alguna de
ellas con presencia internacional y vínculos con exmilitares, que se disputan
el control de socavones y túneles para la extracción ilegal de oro. Estas
organizaciones, como "La Gran Alianza", "La Jauría",
"Los Pulpos" "Los
Parqueros de Pataz", y los Buitres de Pataz, han llegado a acuerdos para
repartirse el control de las minas y defender sus dominios, incluso mediante el
uso de armas de fuego y explosivos. El control de las minas ilegales permite a
estos grupos obtener grandes beneficios económicos, lo que incentiva la
violencia para mantener o expandir su poder. La violencia en Pataz ha alcanzado
niveles críticos, ejemplificada por el secuestro y asesinato de 13 trabajadores
de la empresa R&R en abril de 2025, un hecho que se suma a una lista de al
menos 39 personas asesinadas por bandas criminales en los últimos años.
Los
ataques armados, secuestros, extorsiones y asesinatos se han vuelto frecuentes,
afectando tanto a trabajadores de empresas formales como a mineros informales y
autoridades estatales. La toma de galerías mineras y socavones suele implicar
enfrentamientos letales y negociaciones violentas entre bandas rivales o contra
empresas formales. Además de la minería ilegal, estas bandas están implicadas
en otros delitos como narcotráfico, sicariato y extorsión, lo que agrava el
clima de inseguridad en la zona.
- La Gran Alianza.- Es una coalición de al menos cinco
facciones criminales que llegaron a un acuerdo para controlar
conjuntamente hasta el 50% del oro extraído ilegalmente en Pataz. Esta
alianza incluye grupos que antes operaban por separado y se unieron para
defender sus dominios y repartir ganancias. Entre sus líderes están Juan
Manuel Blas Lezama (“Juancho”) y Miguel Antonio Rodríguez Díaz
(“Cuchillo”), este último conocido por liderar incursiones violentas y
ataques armados en socavones.
- Los Parqueros de Pataz:
Considerados uno de los grupos más asentados y poderosos, dirigidos hasta
su detención en 2024 por Gregorio Palermo Segura Marcelo, apodado “el
Pablo Escobar de Pataz”. Esta banda tiene un gran control territorial y se
dedica a la minería ilegal, extorsión y ataques contra mineros formales y
empresas.
- Los Pulpos: Originarios de
Trujillo, esta organización criminal se ha expandido a Pataz desde 2020.
Son conocidos por sicariato, secuestros y extorsiones, y ahora también
controlan actividades mineras ilegales en la zona. Su líder es Jhonson
Cruz Torres (“Jota”).
- Los Buitres de Pataz.- Banda
integrada por exmilitares y criminales, vinculada a múltiples homicidios y
actos de intimidación contra trabajadores y mineros formales.
- Otras bandas.- “La Jauría”, “Los
Compadres”, “La Gran Familia”, “La Banda del Gordo John” y facciones
vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.
Estas
organizaciones se disputan el control de socavones y túneles, utilizan armas de
fuego para intimidar y eliminar rivales, y diversifican sus actividades
ilícitas en narcotráfico, extorsión y sicariato. A pesar del estado de
emergencia declarado en Pataz, estas bandas mantienen una fuerte presencia y
control territorial, generando un ambiente de violencia y criminalidad que
afecta a la minería formal y a la población local. Las bandas criminales que
operan en Pataz mantienen vínculos y presencia internacional, lo que fortalece
su capacidad para controlar la minería ilegal y expandir sus actividades
ilícitas.
2.
Componente social
Alrededor
de las minas ilegales proliferan burdeles y se reportan casos de explotación
sexual y laboral, especialmente de jóvenes y mujeres vulnerables. La debilidad
de la presencia estatal y la insuficiencia de las medidas de seguridad han
permitido que la minería ilegal y el crimen organizado se consoliden en Pataz,
convirtiendo la provincia en un "territorio sin ley". A pesar de la
declaración del estado de emergencia y la intervención policial y militar, los
ataques y asesinatos continúan, evidenciando la dificultad de controlar la
violencia asociada a la minería ilegal.
3.
Presencia internacional y conexiones con exmilitares
Algunas
de estas organizaciones cuentan con integrantes que son exmilitares y tienen
conexiones fuera del Perú, lo que les proporciona experiencia en tácticas
violentas y acceso a armamento sofisticado para controlar socavones y túneles
en la región. Hay indicios de que ciertas bandas, como “Los Pulpos” y “La Gran
Alianza”, tienen conexiones con grupos criminales internacionales, incluyendo
la organización venezolana Tren de Aragua, conocida por actividades de
narcotráfico, extorsión y sicariato, lo que amplía el espectro de sus
operaciones y recursos. Algunas bandas mantienen operaciones permanentes en
otras ciudades peruanas como Trujillo, y su influencia se extiende más allá de
Pataz, lo que facilita el tráfico ilegal de oro y otros delitos conexos en la
región andina y en mercados internacionales.
Efectos
Negativos
1.-Efectos
negativos en la economía local
Empresas
formales como Minera Poderosa reportan pérdidas significativas, estimadas en
cientos de millones de dólares, debido a la extracción ilegal en sus
concesiones. Solo en el primer semestre de 2024, Poderosa calculó pérdidas por
alrededor de 300 millones de dólares. La suspensión de actividades mineras
formales, como la ordenada por el gobierno en Pataz, pone en peligro más de 4,000
empleos directos e indirectos, afectando no solo a los trabajadores sino
también a contratistas, pequeños negocios y comunidades que dependen de la
minería. La paralización de la minería formal en la región La Libertad, donde
se ubica Pataz, podría generar una pérdida mensual de aproximadamente 25
millones de soles en canon y regalías para la región, y más de 80 millones de
dólares en divisas por exportaciones mineras.
La
inseguridad y la proliferación de minería ilegal generan un clima adverso para
la inversión formal y extranjera, debilitando el desarrollo económico
sostenible en la zona. La paralización abrupta de operaciones formales puede
ocasionar daños irreversibles en infraestructura como presas de relaves, lo que
a su vez puede generar costos adicionales y riesgos ambientales que afectan la
economía local. La minería ilegal genera una economía clandestina
multimillonaria que no contribuye con impuestos ni beneficios sociales, y que
está vinculada a organizaciones criminales que generan violencia y
desestabilización social, afectando el bienestar y la seguridad de la población
local.
La
inseguridad generada por la minería ilegal, que incluye ataques, secuestros y
tomas de galerías mineras, dificulta el normal desarrollo de proyectos formales
y pone en riesgo la infraestructura minera. La paralización de operaciones
puede facilitar que mineros ilegales tomen control de las galerías, complicando
aún más la situación. La minería formal aporta canon y regalías que podrían
reducirse en aproximadamente 25 millones de soles mensuales para la región La
Libertad debido a la suspensión de actividades mineras.
2.-
Afectación al medio ambiente
La
minería ilegal en Pataz tiene un impacto ambiental severo y multifacético que
afecta gravemente los ecosistemas y la salud de las comunidades locales. El uso
indiscriminado de mercurio y cianuro en la extracción ilegal de oro contamina
ríos y cuerpos de agua, afectando la fauna acuática y la salud de las
poblaciones indígenas que dependen del pescado como alimento principal.
La
minería ilegal implica la remoción masiva de tierra y vegetación, lo que
provoca deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad y erosión del suelo.
Esto altera el equilibrio ecológico y reduce la capacidad de recuperación
natural del territorio. En Pataz existen relaveras y pasivos ambientales
mineros abandonados que contienen residuos tóxicos y metales pesados, los
cuales representan riesgos ambientales y sociales prolongados. Estos pasivos
requieren remediación para evitar daños mayores.
La
actividad minera ilegal modifica el cauce de ríos y afecta la calidad del agua,
generando sedimentos y contaminantes que impactan la disponibilidad y
potabilidad del recurso hídrico para comunidades y ecosistemas. Alrededor de
las minas ilegales proliferan problemas sociales como la explotación laboral y
sexual, aunque no son ambientales, agravan el deterioro integral de la región.
3.-
Inseguridad laboral
La
minería ilegal afecta gravemente la seguridad de los trabajadores en Pataz,
generando un clima de violencia extrema y riesgo constante para su vida y
bienestar. La masacre de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de
Minera Poderosa, es el caso más emblemático. Estos mineros fueron secuestrados
y ejecutados dentro de un túnel por bandas criminales que controlan la minería
ilegal en la zona, elevando a 39 el número de trabajadores asesinados en años
recientes. Las empresas mineras formales, como Poderosa, Horizonte, Marsa y
Santa Bárbara, han sufrido múltiples ataques violentos por parte de mineros
ilegales que buscan tomar el control de las concesiones o intimidar a sus
trabajadores.
4.-
Tráfico de armas
Las
organizaciones criminales operan con armamento sofisticado, incluyendo fusiles
de guerra y explosivos, que utilizan para proteger sus dominios y atacar a
quienes se oponen o compiten en la extracción ilegal. Los trabajadores mineros
no pueden desempeñar sus labores con tranquilidad, enfrentando amenazas,
extorsiones y riesgo de sufrir violencia física o incluso la muerte, lo que
afecta su calidad de vida y la estabilidad laboral. El gobierno ha desplegado
un comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para retomar el
control territorial, realizar operativos contra la minería ilegal y proteger a
la población, aunque la situación sigue siendo crítica debido a la complejidad
y peligrosidad del entorno.
Medidas
de seguridad
1.-
Medidas de seguridad por las empresas mineras en Pataz
Las
empresas mineras en Pataz, especialmente Minera Poderosa, han implementado
diversas medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y sus
operaciones frente a la amenaza constante de la minería ilegal y la violencia
asociada. La Poderosa ha contratado guardias y personal de seguridad privada
para proteger a sus colaboradores y las instalaciones mineras, ante los
constantes ataques y amenazas de bandas criminales. Mantienen comunicación
permanente con las fuerzas del orden y autoridades locales para coordinar
acciones de protección y denunciar actividades ilícitas.
En
coordinación con el gobierno, se han establecido puestos de control en puntos
estratégicos como Calquiche, Shicun y Pamparacra para supervisar el traslado de
mineral, insumos y maquinaria, lo que ayuda a limitar el ingreso de materiales
ilegales y proteger las concesiones formales. Las empresas respaldan el Decreto
de Urgencia N.º 006-2025, que incluye la revocación automática del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO) para quienes operen irregularmente,
la creación de rutas fiscales obligatorias y la implementación de un sistema
piloto de trazabilidad del oro para garantizar la legalidad en la cadena
productiva.
Poderosa
ha concluido la construcción y equipamiento del frente policial en Pataz y el
puesto de control Calquiche, fortaleciendo la presencia estatal y la seguridad
en la zona. En conjunto, estas medidas buscan proteger a los trabajadores
formales, asegurar el control territorial frente a la minería ilegal y
colaborar con el Estado para restablecer el orden y la legalidad en Pataz.
2.
Rutas fiscales obligatorias
Las
rutas fiscales obligatorias implementadas en Pataz bajo el Decreto de Urgencia
Nº 006-2025 incluyen los siguientes cambios específicos:
Se
establecen rutas fiscales específicas y claramente identificadas por donde
exclusivamente debe transitar el transporte de insumos, materiales, maquinaria
y productos mineros relacionados con la minería formal. Cualquier
desplazamiento por rutas alternativas será inmediatamente intervenido y
sancionado. Se han instalado puestos de control obligatorios en lugares clave
como Shicun, Calquiche y Pamparacra para supervisar el tránsito de insumos
químicos, explosivos, maquinaria y mineral, asegurando que solo circulen
productos con documentación legal y trazabilidad.
En
estas rutas fiscales operan equipos multisectoriales compuestos por
funcionarios de diversas entidades como el Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), Policía Nacional, SUNAT, SUTRAN y Ministerio Público, para realizar
controles integrales sobre transporte, tributación y legalidad. Todos los vehículos
de carga que circulen por estas rutas deben contar con sistemas GPS activos,
cuyos datos son fiscalizados en tiempo real por la SUNAT y SUTRAN, facilitando
la supervisión y detección de irregularidades. El incumplimiento de las rutas
fiscales y los controles establecidos conlleva multas, suspensión de
habilitación vehicular por hasta 60 días, retención e internamiento de
vehículos, y la revocación automática del Registro Integral de Formalización
Minera (REINFO) para quienes presenten inconsistencias o comercialicen mineral
sin respaldo legal.
Las
rutas fiscales obligatorias en Pataz controlarán el transporte y
comercialización de los siguientes insumos y maquinarias vinculados a la
minería ilegal:
El
Mercurio, cianuro y otros productos químicos utilizados en la extracción ilegal
de oro. Materiales explosivos empleados para la voladura en socavones y
túneles. Equipos pesados y maquinaria utilizada para la extracción y
procesamiento del mineral, como volquetes, retroexcavadoras, bombas,
generadores y otros vehículos especializados. El mineral extraído,
especialmente el oro, que debe contar con trazabilidad desde su origen hasta su
comercialización. El objetivo es evitar el uso y traslado de maquinaria que
facilite la minería ilegal y asegurar que solo circulen equipos autorizados y
con documentación legal, contribuyendo así a la lucha contra la minería ilegal
y el crimen organizado en la región
Además,
todos los vehículos que transporten estos insumos y maquinarias deberán
circular exclusivamente por las rutas fiscales definidas y contar con sistemas
GPS activos para su monitoreo en tiempo real. El incumplimiento de estas
medidas será sancionado con multas, suspensión vehicular y revocación del
Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en caso de detectar
irregularidades. Estas medidas forman parte del Decreto de Urgencia Nº
006-2025, que busca fortalecer el control y la fiscalización para combatir la
minería ilegal en Pataz.
3.-
Trazabilidad del oro desde la extracción hasta la venta
La
trazabilidad del oro desde su extracción hasta su venta en Pataz se asegura
mediante la implementación de un sistema piloto digital denominado “QORI”, que
registra y controla toda la cadena de valor del oro. Este sistema, a cargo del
Ministerio de Energía y Minas (Minem), permite:
a.-
Rastrear el oro en cualquiera de sus formas desde la unidad de producción hasta
su destino final, incluyendo todas las operaciones de compra y venta. Controlar
y verificar que el oro comercializado provenga de fuentes legales, evitando la
mezcla con oro ilegal. Identificar y sancionar desviaciones en la
comercialización, así como el uso irregular de insumos químicos, explosivos,
maquinaria y vehículos relacionados con la minería ilegal. Integrar datos en
tiempo real con sistemas de monitoreo GPS para vehículos de transporte de
mercancías, supervisados por la Superintendencia de Transporte Terrestre
(SUTRAN) y la SUNAT.
b.-
Obligar a los comercializadores autorizados a reportar cada transacción en el
aplicativo digital, garantizando transparencia y control. Este sistema fue
establecido por el Decreto de Urgencia Nº 006-2025. Su objetivo es combatir el
lavado de activos y la comercialización ilegal de oro, promoviendo la
formalización minera y asegurando que los recursos naturales sean aprovechados
de manera sostenible y legal en beneficio de las comunidades y el Estado.
Qué
se registra en el aplicativo QORI
Identificación
de la unidad minera, número de Registro Integral de Formalización Minera
(REINFO) o autorización correspondiente, ubicación geográfica exacta, fecha de
explotación y evidencia visual (fotografías o videos) del mineral extraído. Registro
de las guías de remisión emitidas por los transportistas que movilizan el
mineral, con datos sobre el vehículo, conductor y ruta seguida. Información
sobre los compradores y vendedores autorizados, cantidades comercializadas,
precios y fechas de las transacciones.
Datos
sobre las plantas o talleres donde se procesa el mineral, incluyendo cantidades
recibidas y producidas. Registro del destino del oro procesado, ya sea para
exportación, almacenamiento o venta local, con documentación que respalde cada
operación.
Quien
superviza del sistema QORI
Entidades
como la SUNAT y la SUTRAN tienen acceso directo a los datos registrados en QORI
para realizar controles y supervisiones en tiempo real sobre el transporte,
comercialización y origen del oro, asegurando que las operaciones cumplan con
la legalidad. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) lidera la implementación
y supervisión del sistema, en coordinación con la Policía Nacional, Ministerio
Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, SUNAT, SUTRAN y otras
entidades especializadas, para garantizar la integridad y eficacia del control.
A través de puestos de control estratégicos en puntos como Shicun, Calquiche y
Pamparacra, las autoridades verifican que el transporte de insumos, maquinaria
y mineral se realice conforme a lo registrado en QORI, utilizando además
sistemas GPS para monitoreo continuo.
Cuando
se detectan inconsistencias entre la información declarada en QORI y los bienes
transportados, o cuando el origen del mineral no coincide con lo reportado, las
autoridades pueden revocar automáticamente el Registro Integral de
Formalización Minera (REINFO) y aplicar multas y otras sanciones
administrativas.
Comunidades
locales
1.-
las comunidades locales en la lucha contra la minería ilegal
Las
comunidades sufren las consecuencias de la minería ilegal, como violencia
extrema, desplazamientos forzados, destrucción ambiental y pérdida de vidas
humanas. La masacre de 13 trabajadores en un socavón y la constante inseguridad
generan un clima de miedo que afecta la vida cotidiana de los habitantes. Líderes
locales y autoridades, como el alcalde de Pataz, han alzado la voz para
denunciar la desidia del Estado y exigir mayor presencia y apoyo gubernamental.
Se han organizado marchas y movilizaciones para visibilizar la crisis y
reclamar desarrollo y seguridad para la provincia.
En
algunos casos, las comunidades han participado en acciones coordinadas con el
Gobierno Regional, la Fiscalía y la Policía Nacional para realizar
intervenciones contra la minería ilegal, contribuyendo a identificar y
denunciar actividades ilícitas. La presencia de organizaciones criminales
armadas implica que quienes se oponen a la minería ilegal o colaboran con las
autoridades enfrentan amenazas, violencia y persecución, lo que limita la
capacidad de las comunidades para actuar libremente.
La
ausencia de una presencia estatal efectiva y de políticas integrales de
desarrollo ha llevado a que muchas personas de las comunidades se involucren en
actividades ilegales por falta de alternativas económicas, perpetuando el ciclo
de pobreza y violencia.
2.-
Organización de las comunidades para proteger sus tierras
Líderes
comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales han denunciado la
grave crisis de seguridad y la expansión de la minería ilegal, exigiendo mayor
presencia y acción efectiva del Estado. Han realizado marchas y protestas para
visibilizar el problema y reclamar protección y desarrollo para la población. En
algunos casos, las comunidades han colaborado con la Policía Nacional y el
Ministerio Público para identificar y denunciar actividades ilegales, buscando
frenar la minería ilegal y la violencia asociada.
A
pesar de la amenaza constante de grupos armados que controlan la minería
ilegal, las comunidades intentan mantener sus territorios y denunciar las
agresiones, aunque muchas veces sufren desplazamientos forzados y viven bajo un
clima de miedo. La falta de empleo formal y la escasa presencia estatal han
llevado a que parte de la población se involucre en la minería informal o
ilegal como única fuente de subsistencia, lo que dificulta la protección
efectiva de sus derechos y tierras.
Algunas
compañías como Minera Poderosa, Horizonte y Marsa han impulsado proyectos de
infraestructura, educación y desarrollo social en las comunidades, buscando
generar oportunidades que desincentiven la minería ilegal y fortalezcan la
formalización.
Autoridades
locales
Las
autoridades locales en la lucha contra la minería ilegal
Existen
reuniones de las autoridades locales con el Alto Comisionado de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), para analizar la problemática y articular
acciones multisectoriales contra la minería ilegal en la región y provincias
aledañas. Las autoridades locales, incluyendo alcaldes provinciales y distritales,
denuncian públicamente la expansión de la minería ilegal y sus consecuencias,
como daños a infraestructura pública (centros de salud) y la migración de
mineros ilegales a otras provincias, alertando sobre la necesidad de
intervención urgente.
En
coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las autoridades
locales participan en la implementación de operativos y el establecimiento de
comandos unificados para retomar el control territorial y proteger a la
población frente a bandas criminales que operan la minería ilegal. Colaboran en
la aplicación de decretos de urgencia que establecen medidas como la creación
de rutas fiscales obligatorias, instalación de puestos de control estratégicos
(Shicun, Calquiche, Pamparacra) y la fiscalización de insumos y maquinaria,
contribuyendo a fortalecer la supervisión estatal en la zona.
Gobierno
central
Medidas
del gobierno para combatir la minería ilegal
Decreto
de Urgencia Nº 006-2025: Establece mecanismos de fiscalización, control y
trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos,
maquinaria y productos mineros relacionados con la minería ilegal. Se han
creado rutas fiscales obligatorias y se instalarán puntos de control
estratégicos en lugares clave como Shicun, Calquiche y Pamparacra para
supervisar el transporte de insumos y minerales.
Se
destinan más de S/ 52 millones para fortalecer la fiscalización, control y
capacidades operativas de instituciones como el MINEM, Ministerio del Interior,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio Público, SUNAT y SUTRAN. Se
aplicarán multas, suspensión de habilitación vehicular, retención e
internamiento de vehículos involucrados en actividades ilegales, para controlar
el transporte de minerales y equipos.
El
gobierno promueve la cooperación entre diversas entidades estatales para recuperar
el control territorial y enfrentar el crimen organizado vinculado a la minería
ilegal. Estas medidas buscan frenar la minería ilegal mediante un control más
riguroso, trazabilidad, sanciones efectivas y fortalecimiento del Estado en
zonas críticas como Pataz.
Resultados
obtenido a la fecha con estas medidas
Hasta
la fecha, las medidas implementadas para combatir la minería ilegal en Pataz no
han generado avances importantes, aunque el desafío sigue siendo complejo. Se
han anulado 1,425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera
(REINFO) en Pataz y distritos aledaños, impidiendo que estos registros sirvan
de camuflaje para la minería ilegal y delitos conexos. Esto ha sido parte de
una estrategia integral para recuperar el control territorial y la seguridad en
la zona.
Se
han instalado puestos de control en accesos claves como Shicun, Calquiche y
Pamparacra, donde se fiscaliza el transporte de insumos químicos, explosivos,
maquinaria y productos mineros, fortaleciendo la supervisión estatal y
dificultando el traslado ilegal de materiales.
Sin
embargo, especialistas y autoridades locales reconocen que la minería ilegal
sigue siendo un problema grave debido a la presencia de crimen organizado, la
debilidad institucional y la falta de una presencia estatal sostenida. La
formalización minera enfrenta retos estructurales y la implementación de estas
medidas requiere tiempo, recursos y una estrategia integral que incluya
desarrollo social y económico para las comunidades afectadas.
Fuente Abierta
Por: Ulises Rodas
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