viernes, 27 de febrero de 2026

La maldición presidencial o la irresponsabilidad de los congresistas.

 

La maldición presidencial o la irresponsabilidad de los congresistas.

Por: Ulises Rodas

Doctor en economía.

El 26 de julio de 2025 José Jeri fue elegido presidente del Congreso para el periodo legislativo 2025-2026, con 79 votos a favor frente a 41 de la lista competidora. El 10 de octubre de 2025 Asume la Presidencia de la República por sucesión constitucional, tras la vacancia de Dina Boluarte decretada por el Congreso. El 18 de febrero de 2026 Censurado por el Congreso y destituido de la Presidencia de la República. Cabe hacer una aclaración constitucional que José Jerí no fue elegido presidente por voto popular, sino que accedió al cargo por la línea de sucesión establecida en el artículo 115° de la Constitución Política, al ser presidente del Congreso al momento de declararse la vacancia presidencial.



En las elecciones del año 2021 postulo para congresista por el partido Somos Perú con el número 3, por Lima Metropolitana recibió 11 600 votos para las elecciones parlamentarias insuficientes para una elección directa. Ingreso al congreso como accesitario de Martin Vizcarra Cornejo.

Implicancias políticas de su condición de accesitario

Al no haber tenido una elección directa se enfrenta a una legitimidad electoral limitada por no haber sido elegido por voto preferencial directo, su mandato carece del respaldo nominal de una elección popular explícita. Esto fue utilizado políticamente por sus opositores para cuestionar su autoridad moral al asumir la Presidencia de la República. De la forma como ingreso al congreso dependió mucho de la estructura interna de Somos Perú. Esto reforzó su lealtad al partido, pero también lo vinculó a las dinámicas internas de una organización con baja aprobación ciudadana.

¿Cuáles fueron los Motivos de la censura? Principal y accesorios

El 18 de febrero de 2026, el Pleno del Congreso aprobó la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Las mociones se estructuraron en torno a los siguientes fundamentos:

Motivo Principal: "Chifagate" y reuniones clandestinas

La Reunión no registrada del presidente Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2025, donde Jerí apareció encapuchado en altas horas de la noche ingresando al local del chifa del impresario chino. Lo grave esta en que Yang es proveedor del Estado, tenía vínculos con el "Club de la Construcción Chino" y estaba bajo investigación fiscal; Jerí negó inicialmente conocer sus antecedentes. Las imágenes difundidas en un medio de comunicación y la narrativa de "reunión clandestina" generaron una crisis de legitimidad que escaló rápidamente en la opinión pública. Algunos juristas opinaban que había violado el deber de transparencia y posible conflicto de intereses, al reunirse con contratistas del Estado sin registro oficial fuera de palacio de gobierno.

Motivos Accesorios: (acumulativos)

Las contrataciones irregulares con el Fondo de Apoyo Gerencial de profesionales jóvenes especialmente mujeres que no reunían los requisitos utilizo este mecanismo técnico para incorporar a  personas allegadas sin concurso público, incluyendo jóvenes sin experiencia en gestión pública. Se cuestionó la contratación de mujeres que, según testimonios, difundidos por la prensa local acompañaban en las noches a los operativos de seguridad y a viajes fuera del país.

Por otro lado, se presume un presume tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.  Aumentó su patrimonial no justificado al haber declarado vehículos por S/97,000 en el 2021 paso a tener  propiedades por más de S/1 millón en 2024. A esto se suma la denuncia de la empresaria Blanca Ríos sobre presunto pago de S/150,000 en coimas para agilizar una obra de irrigación en Cajamarca, con presunta participación de operadores cercanos a Jerí.

El historial en redes sociales y cuestionamientos éticos se suman al comentario popular. Recordando publicaciones antiguas en Twitter/X con contenido sexista y comentarios sobre mujeres que fueron viralizadas tras su ascenso presidencial.  Seguimiento a más de 300 cuentas de contenido pornográfico en Instagram, que Jerí dejó de seguir tras hacerse pública la polémica.

Caso de presunta violación sexual (archivado, pero con impacto político). Denuncia presentada en enero del 2025 por hechos ocurridos en Canta; la Fiscalía archivó la investigación contra Jerí en agosto del 2025 por falta de coincidencia de ADN.  Sin embargo, el Poder Judicial confirmó que Jerí debía cumplir con una terapia psicológica ordenada como medida de protección, lo que siguió siendo utilizado políticamente en su contra.

Estructura lógica de la censura esta configurada por el detonante Chifagate, crisis de legitimidad, pérdida de confianza pública, acumulación de cuestionamientos éticos, administrativos, y personales, convergencia política bancadas opositoras coordinaron votos. Censura aprobada con 75 votos vacancia presidencial automática.

La censura no requirió la configuración de un delito penal, sino la demostración de falta política grave conforme al artículo 130° del Reglamento del Congreso. Este estándar es más bajo que el penal y permite remover al funcionario por pérdida de confianza institucional.

Reflexión final, La destitución de José Jerí Oré confirma un patrón estructural de la política peruana reciente la censura parlamentaria se ha convertido en el mecanismo principal de cambio de gobierno, desplazando a las elecciones populares como vía de renovación del Ejecutivo.

Los motivos de la censura reflejan una fusión entre ética personal, gestión administrativa y cálculo político mientras el "Chifagate" funcionó como detonante mediático, la acumulación de cuestionamientos previos permitió construir una mayoría parlamentaria para la destitución.

Cobertura mediática de José Jerí Oré

La gestión de Jerí estuvo marcada por investigaciones fiscales por reuniones no oficiales con empresarios chinos, incluyendo una en la que apareció encapuchado, lo que generó cobertura intensiva de medios nacionales e internacionales.  Medios como CNN, BBC, France24 e Infobae reportaron tanto las acusaciones en su contra como su defensa, en un contexto de alta polarización. La narrativa mediática reflejó la fragmentación política peruana mientras algunos medios enfatizaron las investigaciones por posible tráfico de influencias, otros cuestionaron el uso político de la censura parlamentaria.

Se puede concluir que el periodismo en general tanto sus conductores como sus invitados se convirtió en un tribunal que sentencio y pedían la inmediata destitución del cargo que no podía seguir ni un minuto mas lo que polarizo y dividió el sistema político. La presión mediática fue decisiva,  y que se dio en un marco de un contexto de crisis institucional crónica.

Bancadas que propiciaron la censura de José Jerí:

La moción de censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones Según el análisis de Perú21 y otras fuentes:

Bancada

Posición sobre censura

observaciones

Juntos por el Perú

A favor

Uno de los principales impulsores

Podemos Perú

Se inclina a favor

Decisión final en horas previas

Renovación Popular

Se inclina a favor

Decisión formal en horas previas

Avanza País

A Favor

Coordinación con otras bancadas

Acción Popular

7 votos asegurados

3 congresistas indecisos

Perú Libre

A favor

Coherencia con su oposición a Jerí

Fuerza Popular

En contra

Única bancada que mantuvo postura protectora.

Motivaciones políticas de APP, Podemos, Somos Perú y Perú Libre y Fuerza Popular para apoyar a José María Balcázar.

1. Alianza para el Progreso (APP)

Partido de derecha regional liderado por César Acuña, su apoyo a Balcázar probablemente respondió a oposición estratégica a la candidatura de María del Carmen Alva (Acción Popular), rival político; búsqueda de influencia en la transición electoral de abril-julio 2026; y cálculo de que un gobierno interino débil beneficiaría con el manejo de  7 ministerios y el premierato.

2. Podemos Perú

Partido de centroderecha fundado por José Luna, su motivación principal alineamiento táctico con bloques de izquierda para bloquear a Acción Popular; interés en condicionar la agenda de seguridad ciudadana; y posicionamiento como "pivote" parlamentario para negociar futuros acuerdos. Y manejo de entre dos a tres ministerios.

3. Somos Perú

Partido de centro-izquierda con base municipalista, su motivación es coherencia ideológica con Perú Libre en temas sociales; fortalecimiento de alianzas para las elecciones generales de 2026; y oposición a la narrativa de "estabilidad" asociada a candidaturas más conservadoras. Un ministerio.

4. Perú Libre

Bajo la lupa del análisis político y la prensa peruana, la situación de Perú Libre en el gabinete de Denisse Miralles es particular. Aunque el presidente José María Balcázar llegó al Congreso por las filas de Perú Libre, su relación con la cúpula del partido (liderada por Vladimir Cerrón) ha sido de una "distancia pragmática" desde su salida de la bancada oficialista para integrar a otras agrupaciones.

En este contexto, la presunción de la prensa es que Perú Libre maneja una influencia indirecta pero estratégica, estimada en 2 carteras clave, además de mantener una alianza de "pacto de no agresión" con el Ejecutivo.

5. Fuerza Popular

La presunción generalizada de la prensa es que Fuerza Popular maneja cero ministerios de manera oficial, manteniendo una postura de "distancia crítica". No obstante, los analistas sugieren una estrategia de "influencia por omisión" o respaldo táctico desde el Congreso. Se presume que parte de los congresistas de fuerza popular votaron a favor de Balcazar.

Reflexión final sobre la sucesión presidencial

La elección de José María Balcázar (64 votos en segunda vuelta) sobre María del Carmen Alva (46 votos) refleja la fragmentación extrema del Congreso y la lógica de alianzas circunstanciales más que programáticas. Su mandato interino culminará el 28 de julio de 2026, cuando asuma el ganador de las elecciones generales del 12 de abril 2026.

Este episodio confirma una tendencia estructural seis de los últimos ocho presidentes no llegaron al poder por voto popular directo, sino por mecanismos de sucesión constitucional ante vacancias o censuras. La inestabilidad no es coyuntural, sino sistémica.

Este análisis se basa en fuentes periodísticas y oficiales disponibles hasta febrero de 2026. Las "motivaciones políticas" se infieren de declaraciones públicas, alineamientos votacionales y contexto partidario, ya que los actores políticos rara vez explicitan sus cálculos estratégicos completos.

 

Desglose comparativo de cómo los medios nacionales e internacionales enmarcaron estos eventos de febrero de 2026.

Matriz comparativa del enmarcar mediático

Dimensión

Prensa Nacional (La República, Expreso, Etc.

Prensa Internacional (CNN, El País, NYT, BBC)

Enfoque principal

Coyuntura política, alianzas parlamentarias, detalles del proceso de censura.

Patrón estructural de inestabilidad institucional

Titularización

“La 'maldición' presidencial ataca de nuevo"

"Perú destituye a su presidente, otra vez" (NYT)

Protagonista del relato

José Jerí como actor político individual

Perú como "caso de estudio" de fragilidad democrática

Contextualización

Reuniones con empresarios chinos, "Chifagate", detalles procesales

"Séptimo presidente en 10 años que no completa mandato"

Tono predominante

Crítico pero descriptivo; énfasis en el juego político interno

Analítico-comparativo; énfasis en tendencias regionales

Uso de fuentes

Declaraciones de congresistas, fiscales, actores locales

Expertos en ciencia política, datos comparados de Latinoamérica

Estrategias discursivas identificadas

1. Crisis cíclica

Los medios extranjeros construyeron una narrativa de recurrencia estructural, desde el 2016, varios presidentes han sido destituidos, obligados a dimitir o investigados. La Función discursiva debe ser Despersonalizar la crisis, presentándola como síntoma de un sistema débil. El efecto internacional Refuerza la percepción externa de Perú como "mercado de riesgo político".

2. Juego de poder

La prensa local enfatizó las alianzas y traiciones parlamentarias, el detalle de votos por bancada así lo demuestra, negociaciones de última hora entre Fuerza Popular, APP y Perú Libre, resalta el rol de figuras como Keiko Fujimori, César Acuña o Ruth Luque. La Función discursiva está centrada a mantener al público informado sobre la negociación política. El efecto genera cinismo o fatiga política en la ciudadanía.

3. moralizante (Transversal)

Ambos tipos de medios utilizaron recursos éticos. El Internacional utiliza el Cuestionamiento a la legitimidad de presidentes no elegidos por voto popular. El Nacional da Énfasis en la "transparencia" y las reuniones clandestinas con empresarios chinos.

Sesgos y omisiones

1. Prensa nacional, menor profundidad en el análisis de las implicancias constitucionales de la sucesión. Escasa cobertura de la reacción de actores sociales (gremios, sociedad civil).

2. Prensa internacional, tendencia a simplificar la complejidad del sistema de partidos. Uso de categorías como "izquierda/derecha" que no siempre reflejan la realidad ideológica local.

3. Ambas, poca atención a la perspectiva de género en la cobertura de las figuras femeninas involucradas (ejm. María del Carmen Alva). limitado espacio para voces ciudadanas no institucionalizadas.

Se puede concluir diciendo que la prensa internacional construye un relato estructural, situando al Perú como caso paradigmático de inestabilidad presidencial en democracias jóvenes. Y la prensa nacional desarrolla un relato coyuntural el detalle del juego político, las alianzas y las responsabilidades individuales. Ambas narrativas son legítimas, pero cumplen funciones distintas: la primera informa a mercados y organismos internacionales; la segunda, a la ciudadanía que participa en el proceso democrático.

 


sábado, 21 de febrero de 2026

La factura oculta de la inestabilidad

 

La factura oculta de la inestabilidad

La factura oculta de la inestabilidad: Cómo la política devora tu planificación tributaria

Mientras el Congreso discute vacancias, las empresas enfrentan un riesgo fiscal creciente. Por qué la "seguridad jurídica" es el activo más caro de nuestro país.

Por: Dr. Ulises Rodas

El costo real de la "silla presidencial”

En nuestro país, cambiar de presidente se ha vuelto tan frecuente como cambiar el tipo de cambio. En menos de una década, hemos visto a siete mandatarios ocupar el Palacio de Gobierno. Pero mientras los partidos políticos se centran en las alianzas parlamentarias y las censuras, hay una factura silenciosa que se está cobrando en el sector privado: la erosión de la seguridad jurídica tributaria. Para un economista, la inestabilidad política no es solo un problema de gobernabilidad; es un shock de oferta negativo. Cuando las reglas del juego cambian cada 18 meses, la planificación fiscal a largo plazo se vuelve imposible.

El dilema del gerente financiero: ¿invertir o resguardar?

La planificación tributaria eficiente requiere predictibilidad. Una empresa decide invertir en una nueva planta basándose en proyecciones a 10 años o más que incluyen la tasa del Impuesto a la Renta, los beneficios depreciatorios y los tratados de doble imposición.   En un entorno de crisis política, se aprecian reformas reactivas: un gobierno debilitado por la censura o la vacancia suele buscar "caja rápida". Esto se traduce en propuestas fiscales apresuradas (nuevos tributos, eliminación de beneficios) para calmar mercados o financiar gasto populista, sin estudios de impacto serio. La prima de riesgo país por la inestabilidad se eleva el spread de la deuda soberana. Si el Estado paga más por prestar, el sector privado también. El costo de capital se encarece, haciendo que muchos proyectos de inversión se vuelvan inviables.   El empresariado se enfrenta a una planificación defensiva; los departamentos tributarios dejan de buscar eficiencia para enfocarse en blindaje. Se prioriza el cumplimiento agresivo sobre la optimización, incrementando los costos operativos sin generar valor.

El factor SUNAT: Fiscalización como recaudación

Existe una correlación histórica entre crisis política y agresividad fiscal. Cuando el Ejecutivo pierde fuerza política, la presión por cumplir metas de recaudación recae con más peso en la administración tributaria. Auditorías intensivas en tiempos de incertidumbre: la SUNAT tiende a intensificar las fiscalizaciones para asegurar el flujo de caja del Estado. Criterios discrecionales: La falta de lineamientos políticos claros puede derivar en criterios de interpretación tributaria fluctuantes. Lo que era aceptable ayer, puede ser reparado hoy. Litigiosidad aumenta el contencioso administrativo. Las empresas pelean cada reparación, congelando capital en garantías y consumiendo recursos legales.

Comparativa regional El Perú se queda atrás

Mientras Chile y Colombia mantienen marcos tributarios relativamente estables a pesar de sus propios desafíos políticos, el Perú ofrece un panorama fragmentado. Inversores extranjeros lo perciben como un mercado de alto rendimiento, pero de alto riesgo regulatorio.

Esto tiene un efecto perverso: atrae capital especulativo de corto plazo (que entra y sale rápido), pero ahuyenta la Inversión Extranjera Directa de largo plazo, que es la que genera empleos formales y transferencia tecnológica.

La estabilidad es un activo tributario, amigo empresario; la próxima vez que veas una noticia sobre una moción de censura o una vacancia, no solo pienses en la política. Piensa en tu carga tributaria. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto de abogados; es la base sobre la que se construye la rentabilidad sostenible. En un país donde el presidente puede cambiar por una votación en el Congreso, la única certeza para el empresariado es que la incertidumbre es el único impuesto que siempre sube.

Para los contribuyentes, la lección es clara: en tiempos de volatilidad política, la mejor planificación fiscal es aquella que prioriza la sostenibilidad y el cumplimiento robusto sobre el ahorro agresivo. Porque cuando las reglas cambian de la noche a la mañana, solo los más sólidos sobreviven.

Caso práctico (hipotético): Blindaje fiscal en tiempos de incertidumbre política

Título del caso: "Industrias del Valle S.A.C.: "Navegando la tormenta política"

Perfil de la empresa: Manufactura mediana (Facturación anual: S/ 50 millones).

Contexto: Escenario de alta volatilidad política (cambios frecuentes en el Ejecutivo, riesgo de reformas tributarias reactivas, presión recaudatoria elevada).

1. El diagnóstico de riesgo (el "por qué")

Ante el escenario de inestabilidad descrito (censuras, vacancias, cambios de gabinete), la gerencia de Industrias del Valle identifica tres amenazas fiscales críticas:

a. Reforma tributaria "express": Un gobierno debilitado podría aprobar impuestos temporales o eliminar beneficios depreciativos para cerrar la brecha fiscal.

b. Agresividad de SUNAT: Mayor presión por cumplir metas de recaudación, traducida en auditorías más frecuentes y reparos más altos.

c. Inseguridad jurídica Criterios de interpretación cambiantes sobre gastos deducibles (ejm. viáticos, regalías, intereses).

Objetivo del blindaje: No se trata de evadir, sino de blindar la caja, asegurar el cumplimiento y minimizar la contingencia.

2. La Estrategia de Blindaje (Los 5 Pilares)

La empresa implementa el plan "Escudo Fiscal 360" en un plazo de 90 días:

Pilar 1: Auditoría preventiva

Acción: Contratación de una firma externa para revisar los últimos 3 ejercicios fiscales antes de que llegue SUNAT.

Foco: Validación de la razonabilidad de gastos y sustento de costos. En tiempos políticos inestables, SUNAT suele atacar el gasto deducible con el argumento de "vinculación con la actividad".

Resultado: Se detectan S/ 200,000 en gastos con sustento débil. Se regulariza voluntariamente (pagando multa reducida) para evitar una multa mayor en una fiscalización futura.

Pilar 2: Liquidez para contingencias (caja de guerra)

Acción: Creación de una reserva de efectivo equivalente al 15% de la carga tributaria anual.

Justificación: En crisis políticas, los procesos de devolución de saldos a favor (IGV/Renta) se ralentizan burocráticamente. La empresa necesita cash para pagar impuestos si hay reparos, sin descapitalizarse.

Instrumento: Cuenta de ahorros de alta liquidez o fondos mutuos monetarios.

Pilar 3: Documentación sustentatoria reforzada

Acción: Implementación de la política Cero Papel Suelto.

Detalle: Cada gasto deducible debe tener: (1) comprobante de pago, (2) contrato, (3) acta de entrega/recepción, (4) correlación con la generación de renta gravada.

Caso específico: Si la empresa paga regalías a vinculadas en el extranjero, se prepara el Informe de Precios de Transferencia con anticipación, anticipando que SUNAT podría cuestionar estos flujos como fuga de capitales en tiempos de crisis.

Pilar 4: Monitoreo Legislativo Activo

Acción: Afiliación a gremios empresariales (Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Asociación de Exportadores) y participación en mesas de trabajo.

Objetivo: Enterarse de los proyectos de leyes en materia tributaria antes de que se debatan en el Congreso.

Ventaja: Permite ajustar la planificación fiscal con semanas de antelación. Ejemplo: Si se anuncia un impuesto a los activos en el exterior, la empresa puede reestructurar su tenencia antes de la vigencia.

Pilar 5: Escenarios tributarios (Plan A, B y C)

Acción: El gerente de finanzas elabora tres proyecciones de flujo de caja tributario:

Escenario base Normativa actual se mantiene.

Escenario pesimista Impuesto a la renta sube 5% y además eliminan la depreciación acelerada.

Escenario crisis: Fiscalización masiva más retenciones aumentadas.

Utilidad: Permite saber cuánta resistencia financiera tiene la empresa si la "factura política" se convierte en "factura tributaria".

3. Resultados comparativos (simulación)

Indicador

Empresa sin blindaje

Industrias del Valle (Con blindaje)

Respuesta a auditoría

Pánico, pago inmediato de reparos, descapitalización.

Negociación basada en sustento sólido, pago diferido o contencioso viable.

Impacto de nueva ley

Ajuste de último minuto, errores en declaraciones.

Ajuste planificado, impacto financiero absorbido por la reserva.

Costo tributario efectivo

Volátil e impredecible.

Estable y proyectable.

Valor de mercado

Percibida como "riesgo alto" por bancos.

Percibida como "activo seguro" (compliance robusto).

4. Para nadie es un secreto que la política en nuestro país es volátil, pero los números deben ser sólidos. Como empresario, no puedes controlar quién ocupa Palacio de Gobierno, pero puedes controlar qué tan blindada está tu empresa frente a las consecuencias de ese cambio. El blindaje fiscal no es un gasto, es un seguro de continuidad operativa. Cuando el sistema político tiembla, la única estabilidad que le queda a un empresario es su cumplimiento tributario impecable y su caja protegida.

Es crucial recordar que el "blindaje" siempre debe ser dentro del marco de la licitud. La evasión es un riesgo penal, no una estrategia. Mi recomendación como experto radica en enseñar a usar la normativa a favor del contribuyente, no a violarla.

 

 

 

 

 

jueves, 5 de febrero de 2026

¿Vida privada o interés público? Los límites éticos y legales del periodismo frente al poder.

 

¿Vida privada o interés público? Los límites éticos y legales del periodismo frente al poder.

Análisis sobre los fundamentos jurídicos y éticos que rigen la cobertura periodística de funcionarios públicos.

El mito del "no tienen vida privada"

Una frase recurrente en el debate público sostiene que "los funcionarios públicos, especialmente el presidente, no tienen vida privada". Esta afirmación, aunque contiene un fondo de verdad sobre la rendición de cuentas, es jurídicamente imprecisa y éticamente peligrosa si se interpreta de forma absoluta.

El debate sobre la vida privada de los funcionarios públicos, y en particular del presidente de la república, es un tema complejo que toca aspectos éticos, legales y sociales. En muchas democracias, los periodistas argumentan que los funcionarios públicos, por su papel en la gestión de lo público, carecen de un derecho absoluto a la privacidad.

Ninguna norma legal peruana ni internacional establece que los funcionarios pierdan su derecho a la privacidad al asumir un cargo. Lo que sí existe es un equilibrio entre derechos fundamentales: por un lado, el derecho a la intimidad (artículo 2.7 de la Constitución Política del Perú); por otro, el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de interés público (artículo 2.4 de la Constitución).

Desde una perspectiva legal, la función del periodista se apoya en el derecho a la información y la transparencia. En muchos países, las leyes de acceso a la información pública otorgan a los ciudadanos y a los medios de comunicación el derecho de acceso a datos que pueden afectar el interés público. Sin embargo, esto se encuentra en un delicado equilibrio con el derecho a la privacidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en casos como Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina (2011): los funcionarios públicos tienen menor expectativa de privacidad solo cuando sus actos privados guardan relación directa con el ejercicio de sus funciones o con la probidad requerida por el cargo. Un ejemplo legítimo: investigar los ingresos personales de un ministro de Economía. Un ejemplo ilegítimo: difundir detalles sobre su vida conyugal o sentimental sin relación con actos de corrupción probados.

El marco legal peruano: transparencia sí, linchamiento no

La Ley N.° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) obliga a los funcionarios a transparentar:

- Declaraciones juradas de bienes y rentas

- Conflicto de intereses

- Uso de recursos públicos

- Actividades que puedan afectar su imparcialidad

Nada de esto autoriza a los medios a convertirse en fiscales privados. El artículo 139.2 de la Constitución consagra la presunción de inocencia como principio jurídico fundamental: "Toda persona es considerada inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme". Cuando un medio titula "el presidente es corrupto" basado en denuncias no probadas, no ejerce periodismo: ejerce sentencia mediática.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia N.° 0009-2006-PI/TC, estableció que el escrutinio público sobre funcionarios debe ceñirse a "la esfera de lo público y lo relevante para el ejercicio del cargo", advirtiendo contra la "exhibición morbosa de aspectos estrictamente privados que no afectan el desempeño funcional".

Los periodistas tienen el deber ético de investigar y reportar sobre las acciones de los funcionarios públicos, especialmente cuando estas acciones pueden afectar a la sociedad. Sin embargo, esta labor no está exenta de riesgos y desafíos éticos. La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal que establece que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Los periodistas tienen el deber ético de investigar y reportar sobre las acciones de los funcionarios públicos, especialmente cuando estas acciones pueden afectar a la sociedad. Sin embargo, esta labor no está exenta de riesgos y desafíos éticos. La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal que establece que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Sin embargo, el fenómeno del "juicio mediático" a menudo pone en el centro de atención a los funcionarios, provocando un escrutinio constante que puede llevar a juicios de valor prematuros y dañinos. En el caso del actual presidente, el enfoque de los medios puede ser interpretado como un acoso dentro del marco de un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

Implicaciones del acoso mediático

El acoso mediático puede tener graves consecuencias tanto para el individuo como para la estabilidad política del país. Cuando los periodistas informan sin mantenerse dentro del marco de la presunción de inocencia, pueden dañar irreversiblemente la imagen de un funcionario. Esto no solo afecta a la persona en cuestión, sino que también repercute en la confianza pública en las instituciones.

Los esfuerzos por exponer la verdad son cruciales, pero deben ser equilibrados con una responsabilidad ética. Exigir un nivel de transparencia de los funcionarios no debería llevar al desprecio de sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a una vida privada por fuera de su función.

¿Acoso mediático o fiscalización legítima?

Existe una línea delgada, pero definida:

Fiscalización legítima: 

- Investigar contratos otorgados a empresas vinculadas a familiares del presidente. 

- Revisar coherencia entre ingresos declarados y patrimonio visible. 

- Cuestionar encuentros con lobistas sin agenda pública. 

Acoso mediático: 

- Publicar fotos de funcionarios en espacios privados sin relevancia pública.

- Titular como "culpable" antes de sentencia judicial. 

- Difundir rumores no verificados que dañan la imagen institucional sin aportar evidencia. 

El daño colateral es real cuando los medios anticipan culpabilidades, erosionan no solo la imagen personal del funcionario, sino la institucionalidad democrática. La presidencia como símbolo del Estado requiere respeto institucional, aun cuando se critique legítimamente a quien la ocupa.

Una aclaración necesaria

El periodismo como contrapeso, no como tribunal.

Los periodistas no están "sustentados" en ninguna norma para abolir la vida privada de los funcionarios. Están sustentados en el deber ético de investigar lo que es relevante para el interés público, con rigor, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales —incluida la presunción de inocencia.

El periodismo de calidad no busca destruir al poder, busca iluminarlo. Y en esa labor, la prudencia no es complicidad; es profesionalismo. El periodismo debe vigilar y fiscalizar el poder con la seriedad que merece una democracia.

La ciudadanía merece medios que investiguen con tenacidad, pero que también sepan callar cuando falta evidencia. Porque en democracia, ni los funcionarios están por encima de la ley ni los periodistas están por encima de la ética.

La vida privada de los funcionarios públicos, incluido el presidente de la república, es un tema que merece un análisis profundo y matizado. Si bien existe un interés público legítimo en su conducta, esto no debe ser a expensas de los principios fundamentales del derecho. La ética periodística debe actuar como guía, promoviendo un balance entre la necesidad de información y el respeto por la privacidad y la dignidad de los individuos. La sociedad tiene el derecho de hacer preguntas difíciles, pero también debe asegurar que estas se realicen con responsabilidad y respeto.

Nota: Este artículo analiza principios generales del derecho y la ética periodística. No se refiere a ningún caso judicial específico en curso, respetando las resoluciones judiciales y el debido proceso.

Por: Dr. Ulises Rodas

Fuente: Abierta

La regla de oro: la bancarización

  La regla de oro: la bancarización De nada servirá que tengas la factura de todos estos gastos si no cumples con la ley de bancarización....