sábado, 18 de abril de 2026

Operación Morrocoy: Similitud en la estrategia de las elecciones del 12 de abril de 2026 “Caso peruano” diseñada por la ONPE.

 

Operación Morrocoy: Similitud en la estrategia de las elecciones del 12 de abril de 2026 “Caso peruano” diseñada por la ONPE. 

¿Qué es la Operación Morrocoy?

La Operación Morrocoy es una estrategia electoral fraudulenta que consiste en un conjunto de maniobras diseñadas para ralentizar el proceso de votación en zonas de fuerte respaldo opositor, con el objetivo de desincentivar la participación ciudadana y afectar los resultados electorales. Utilizada en Venezuela, principalmente atribuida al chavismo, buscaba boicotear el proceso de votación en centros electorales donde se anticipa un alto apoyo a la oposición. El nombre hace referencia a la tortuga morrocoy, conocida por su lentitud, simbolizando la intención de hacer el proceso electoral extremadamente lento y tedioso.



¿Cuál es el objetivo de la operación Morrocoy?

Tiene como objetivo que el proceso sea cada vez más lento; es un mecanismo para tratar de alejar a la gente del voto, quitar el ánimo de votar.

¿Cuál es el mecanismo de implementación?

Se ejecuta mediante múltiples técnicas coordinadas:

1. Reducción de máquinas y urnas

En centros electorales de bastiones opositores, se disminuye intencionalmente el número de máquinas de votación disponibles, generando colas interminables que obligan a los electores a esperar horas bajo condiciones climáticas adversas.

 2. Sabotaje técnico deliberado

Se reportan "fallas" recurrentes en el sistema biométrico o en las máquinas de votación, lo que obliga a cerrar mesas temporalmente o a reiniciar procesos, alargando innecesariamente el tiempo de espera. Según Transparencia Venezuela, de 176 denuncias procesadas en elecciones pasadas, 35 correspondían a cierres de mesas por supuestos problemas técnicos.

3. Retrasos en la apertura de mesas

Se reportaron largas filas en los centros de votación, exacerbadas por la falta de organización y recursos. Esto generó una sensación de frustración entre los votantes, muchos de los cuales optaron por abandonar la espera y no ejercer su derecho al voto.

4. Intimidación y hostigamiento

La presencia de fuerzas de seguridad en los centros de votación generó un ambiente de intimidación para algunos electores, lo que pudo disuadir su decisión de participar en las elecciones.

5. Problemas logísticos

Mientras en zonas opositoras se dificulta el acceso, en áreas chavistas se facilita el traslado de votantes mediante transporte gratuito y se agiliza el proceso de votación, creando una desigualdad estructural en el ejercicio del derecho al voto. La falta de materiales electorales necesarios, como boletas o tinta, así como problemas técnicos con las máquinas de votación, contribuyeron a más demoras y desorganización.

¿Cuál es el impacto en el derecho al voto?

La Operación Morrocoy vulnera principios fundamentales del derecho electoral internacional:

- Igualdad del sufragio, al tratar de manera diferenciada a electores según su presunta preferencia política.

- Libertad de elección, al generar condiciones que desalientan el ejercicio del voto mediante el desgaste físico y psicológico.

- Transparencia, al manipular variables operativas sin justificación técnica objetiva.

Similitud en la estrategia de las elecciones del 12 de abril de 2026 “Caso peruano” diseñada por la ONPE.

1. Retrasos logísticos: Al igual que en la "Operación Morrocoy", la llegada tardía del material electoral y la falta de recursos necesarios para abrir las mesas electorales complicaron el proceso electoral. Estas fallas logísticas son interpretadas como obstáculos intencionados o negligencias que impactan negativamente en la participación electoral.

2. Demora excesiva en la apertura de mesas de sufragio; esto generó largas colas de más de 4 horas, generando colas interminables que obligan a los electores a esperar horas bajo condiciones climáticas adversas. Las que experimentaron los votantes son similares a las situaciones de espera frustrante en Venezuela. Cuando los votantes se ven obligados a esperar sin garantías de ser atendidos oportunamente, muchos terminaron abandonando el proceso, lo que reduce la participación, gusto en los bolsones electorales que favorecen a la derecha.

3. Problemas técnicos en el sistema STAE, sabotaje técnico deliberado, las dificultades operativas, como los problemas con las impresoras que tenían un cartucho solo para imprimir 30 hojas; el sistema se colgaba y no había un técnico para que pueda solucionar el problema y la imposibilidad de confirmar registros, del pase de la computadora al USB. Añaden otra capa de complicación al ejercicio del voto, evocando las fallas técnicas que se dieron en el contexto venezolano. Estos problemas alimentan la desconfianza en el sistema electoral.

4. Desconfianza generalizada, al haber contratado a una empresa privada para el reparto del material electoral, cuando en oportunidades anteriores este trabajo lo hacían las fuerzas armadas. Problema logístico que no fue solucionado pese a que la Contraloría ya había hecho la observación de que dicha empresa no contaba con la cantidad de camiones requeridos para tal fin, lo que obligó a la empresa contratista a subcontratar para el reparto de dicho material electoral.

5. La planificación de la no entrega del material electoral a las mesas de votación solo se produjo en los departamentos, provincias y distritos cuyos votos eran favorables a la derecha; en los bolsones electorales rurales más alejados, donde el voto es de izquierda, sí llegó el material electoral y todas las mesas funcionaron sin ninguna novedad.

6. La nómina definitiva comprende a 27325432 votantes, de los cuales 1210813 son peruanos que residen en el extranjero. La ONPE abrió nuevas mesas de votación para las elecciones del 12 de abril 2026 por un total de 7200 mesas en todo el territorio nacional, de las cuales se puede apreciar que las nuevas mesas de votación están instaladas en los departamentos en donde el bolsón electoral está orientado a la izquierda, como son el departamento de Arequipa con 500 nuevas mesas, Cajamarca con 500 nuevas mesas y Áncash con 400 nuevas mesas; Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Puno y San Martín con 300 nuevas mesas por cada departamento, en donde el candidato Roberto Sánchez sacó la mayor cantidad de votos y no hubo ningún retraso de apertura ni falta de material electoral, como sí hubo en Lima, donde el candidato Rafael López Aliaga tiene su bolsón electoral por una buena gestión municipal.

 Consecuencias

- Baja participación electoral en bolsones opositores a la izquierda: los votantes optaron por no votar por las condiciones adversas de tiempo de espera, intenso calor o que su voto no tendrá un impacto real debido a la desorganización.

- Deslegitimación del proceso electoral: Problemas logísticos y operativos perjudican la percepción pública del proceso electoral y la legitimidad del resultado, alimentando críticas y desconfianza hacia las instituciones democráticas, ONPE y JNE.

- El país entra en un proceso de polarización por las declaraciones de un candidato presidencial al llamar a la insurgencia civil.

- Se necesita saber cuántos electores dejaron de emitir su voto por la estrategia diseñada por el jefe de la ONPE. Y que a estos electores no se les dé el consuelo de que van a ser exonerados de pagar la multa. No se trata de pagar la multa; se trata de ejercer el derecho de votar en las elecciones para elegir a nuestro presidente y vicepresidentes, y demás autoridades, senadores y diputados. La voluntad popular se quebró.

A partir de este análisis, se puede afirmar que, si bien las circunstancias específicas pueden variar, hay similitudes claras entre la situación electoral en Perú y la "Operación Morrocoy" de Venezuela. Ambas situaciones destacan la importancia de una gestión electoral eficaz y transparente para asegurar que los derechos de los votantes sean protegidos y que la democracia funcione de manera efectiva. Los procesos electorales deben ser capaces de superar estos desafíos operativos para asegurar una participación plena y justa de la ciudadanía. Esto no es casualidad, es un plan bien organizado y, si se suman las demás irregularidades, amerita un recuento de votos como lo manda la ley. Y determinar fehacientemente cuántos electores fueron privados de su libertad de elegir.  

 

sábado, 11 de abril de 2026

La Tormenta perfecta en un mercado de marcas personales

 

La tormenta perfecta en un mercado de marcas personales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó el domingo 7 de diciembre las elecciones primarias, vía delegados, de 37 organizaciones políticas (34 partidos políticos y 3 alianzas electorales), a fin de elegir sus candidaturas a la presidencia de la República, el Congreso y al Parlamento Andino.


Los resultados finales de las elecciones primarias realizadas por 34 partidos y 3 alianzas el domingo 7 de diciembre han sido comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que así podrá proclamarlos a más tardar el 15 de diciembre y dar por concluido el proceso mediante el cual se define quiénes podrán postular en las Elecciones Generales 2026.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que son 38 organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran expeditas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Frente a este mercado de marcas personales, la ciudadanía presenta una desconfianza crónica en las élites y las instituciones, por los largos episodios de corrupción y crisis institucional que han erosionado la confianza en los partidos políticos y autoridades. Cuando las instituciones pierden legitimidad, los ciudadanos buscan alternativas nuevas a la política tradicional, incluso si estas alternativas carecen de sustento técnico. Existe un rechazo a la casta política, surge la narrativa anti-élite y premia a outsiders y a quienes prometen ruptura, aunque sus propuestas sean inviables.

Existe un ruido mediático y polarización por la baja calidad informativa; medios sensacionalistas y redes sociales priorizan relatos emocionales sobre un análisis riguroso; la agenda se centra en escándalos o frases simplistas. Muchos votantes, especialmente del sector rural, no disponen de herramientas para evaluar la viabilidad fiscal o las consecuencias macroeconómicas de promesas populistas. Las elecciones fragmentadas hacen que el voto sea reactivamente emocional (voto anti) en lugar de un voto evaluativo (voto por).

Existen incentivos cortoplacistas y clientelismo informal por la vulnerabilidad económica en contextos de pobreza y precariedad; los electores responden a ofertas con beneficios inmediatos (subsidios, transferencia directa, promesas de empleo) más que a reformas estructurales de largo plazo. Campañas que entregan bienes, promesas inmediatas o valores locales movilizan electores eficazmente en ausencia de programas creíbles.

Hace muchos años, los partidos políticos fueron blanco de ataques por el sector de izquierda radical para desacreditar y convencer al ciudadano de que el sistema político no funciona y hay que cambiarlo mediante una nueva constitución. Convirtiéndose en partidos débiles y posteriormente nacen los partidos de marca personal que hoy enfrentamos, basados en carisma, no en capacidades técnicas o equipos de gobiernos sólidos. ¿Cómo puede ser posible haber llegado a tener 38 candidatos presidenciales? La competencia se polariza y mensajes simples y extremos encuentran audiencias amplias.

La premisa en estas elecciones es hacer promesas electorales; ofrecer todo para todos funciona como señal de generosidad y empatía; muchos votantes prefieren la promesa a la explicación técnica de por qué no es sostenible. Presentaciones de soluciones instantáneas (por ejemplo, condonar deuda, duplicar pensiones, eliminar impuestos) resuenan cuando la complejidad queda relegada.

Estamos expuestos al voto por simpatía; calificar los errores simplistas de los candidatos, recordar un titular atractivo, llevan a decisiones menos racionales. Emociones dominantes: miedo, indignación o esperanza intensa pesan más que cálculos racionales sobre costo y beneficios colectivos.

Existen líderes que polarizan y ofrecen respuestas simples a problemas complejos; suelen capitalizar la insatisfacción social. La percepción de cercanía, lenguaje coloquial o promesas simbólicas pesa más que antecedentes técnicos.

Frente a este escenario, las consecuencias económicas y políticas enfrentan déficit, inflación, pérdida de inversión y ajustes abruptos posteriores. Políticas erráticas, conflictos con mercados y organismos multilaterales, y posibilidad de ciclos de sanciones o imprevistos macroeconómicos: los reveses económicos refuerzan la desconfianza y la volatilidad electoral, perpetuando el problema.

Al final del día nos preguntamos:

 ¿Qué está pasando con el ciudadano peruano?

Lo que se aprecia es la "fatiga democrática". 20 años de presidentes procesados, vacados, renunciantes y sentenciados; el elector peruano ha desarrollado una coraza de escepticismo. La gente no busca un gestor, busca un "vengador" o un "mago". El ciudadano peruano no está "fallando" por elección consciente del caos, sino que está reaccionando a un ecosistema donde la verdad técnica no tiene rentabilidad política. Mientras el plan de gobierno sea un documento que "nadie lee" y el debate sea un show de simpatías e insultos, seguiremos atrapados en el ciclo de elegir la esperanza de corto plazo sobre la estabilidad de largo aliento.

No es solo ignorancia, es una reacción racional ante gobiernos que no han servido al pueblo. Votar por promesas inmediatas puede ser un intento de priorizar supervivencia material frente a soluciones largas y técnicas que parecen no llegar. Informalidad, pobreza, ausencia de protección social efectiva y experiencias de exclusión hacen que ofertas de corto plazo tengan una lógica electoral comprensible. La política convertida en espectáculo favorece mensajes emocionales que son más persuasivos que los discursos técnicos. La política se ha judicializado; el Ministerio Público y el Poder Judicial se han convertido en operadores políticos, como queda demostrado con el exfiscal José Domingo Pérez, hoy convertido en abogado del golpista expresidente Pedro Castillo Terrones. Fiscal que cuando estuvo en funciones sometió tres veces a prisión preventiva a la Sra. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del partido Fuerza Popular. En complicidad con el juez Richard Concepción Carhuancho. Todo lo actuado fue declarado nulo, las resoluciones emitidas en el caso cocteles por el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste.

 ¿Por qué elegimos propuestas inviables?

En las últimas cinco elecciones, nuestro país ha pasado de ser el "milagro económico" de la región a un estado de parálisis política crónica. El ciudadano no vota necesariamente "mal" por falta de inteligencia, sino como respuesta a gobiernos que han roto el contrato social. Por factores de corrupción generalizada, y llevar los recursos del Estado a gasto corriente en vez de priorizar inversión en hospitales, carreteras, puentes, colegios en favor de la ciudadanía.

El colapso de los partidos y la "venta de ilusiones"

Desde la caída de los partidos tradicionales (Acción Popular, el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y movimientos de alcance nacional como Fuerza Popular), la política peruana se convirtió en un mercado de marcas personales. Sin instituciones sólidas que filtren planes de gobierno serios, el elector se enfrenta a una góndola de productos (candidatos) donde el que ofrece el "beneficio inmediato" más atractivo gana la atención. Las promesas inviables actúan como un mecanismo de marketing en un entorno de alta informalidad (cerca del 75%). Para alguien que no recibe beneficios del Estado, un plan de gobierno a 20 años es ruido; una promesa de dinero directo o control de precios suena a solución.

El voto como "gasto de consumo" y no como "inversión".

En economía, distinguimos entre consumo (satisfacción inmediata) e inversión (beneficio futuro). El votante ha dejado de ver el voto como una inversión en estabilidad y lo usa como un voto de castigo o de desahogo. Al sentir que el "crecimiento macro" no llegó a su bolsillo, el ciudadano elige al candidato que mejor encarna su resentimiento contra las élites, aunque su plan económico sea técnicamente un suicidio financiero.

Hiperinflación de promesas

La psicología económica explica que los seres humanos tendemos a valorar mucho más el beneficio presente que el futuro. Si un candidato ofrece "renegociar contratos en 24 horas" (inviable pero emocionante) frente a otro que propone "reforma del servicio civil en 5 años" (viable pero aburrido), el cerebro del elector agotado por la crisis elegirá la gratificación instantánea.

El triunfo de las minorías

Hace dos décadas en nuestro país no gana el "mejor", gana el que sobrevive a una primera vuelta hiperfragmentada. Con 38 candidatos, alguien puede pasar al balotaje con apenas el 10% o 15% de los votos válidos. Esto obliga a los candidatos a radicalizar sus ofertas para asegurar ese pequeño nicho, dejando la viabilidad técnica en segundo plano.

Aquí pretendo hacer algunas recomendaciones para revertir las tendencias (políticas públicas y acciones).

Campañas de educación cívica y económica accesibles, auditorías ciudadanas simplificadas y verificación de promesas en lenguaje claro. Fortalecer partidos y cuadros técnicos, incentivos para profesionalizar equipos de gobierno y transparencia en la presentación de planes de gobierno (costeo fiscal obligatorio y validado por institución independiente). Reducción del clientelismo político: digitalizar transferencias sociales, condicionar programas a transparencia y cobertura universal que reduzca el poder discrecional. Regulación de campañas y financiamiento, fiscalización más estricta, límites a gasto invisible y sanciones a publicidad engañosa. Instituciones técnicas: Ministerios, Banco Central, Contraloría, Defensoría del Pueblo deben comunicar riesgos y escenarios en formatos comprensibles y creíbles. Combinar soluciones inmediatas con reformas estructurales para mostrar resultados tangibles y construir confianza.

En estas elecciones del 12 de abril 2026 nos enfrentamos a muchas promesas inviables; es una combinación de desconfianza institucional, vulnerabilidad económica, información imperfecta, clientelismo y dinámicas mediáticas y psicológicas. Entender que muchos votantes actúan con racionalidad en contextos de precariedad que se propone mejorar información, reducir incentivos clientelares, profesionalizar la política y ofrecer resultados visibles a corto plazo sin sacrificar sostenibilidad fiscal. Sin estas acciones, la repetición del fenómeno en el 2026 y en elecciones futuras será probable.

martes, 7 de abril de 2026

El endeudamiento municipal por Rafael López Aliaga

 

El endeudamiento municipal por Rafael López Aliaga

Por: Ulises Rodas, Dr. en Economía

En el debate político, los opositores a la gestión de Rafael López Aliaga suelen utilizar el endeudamiento como arma retórica más que como indicador técnico de desempeño. Recientemente, ha surgido una discusión sobre el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima Metropolitana, esbozado en el debate presidencial del 31 de marzo del 2026 por el candidato presidencial Mesías Guevara.

Para empezar, te diré que no fue una deuda, fue una operación financiera reconocida a nivel internacional; si todos los detractores entendieran de operaciones financieras, cambiaría toda la narrativa. Empezando por el candidato presidencial Mesías Guevara, quien fue gobernador regional de Cajamarca y no hizo ninguna operación financiera de reconocida valía.  Lo voy a explicar: lo que hizo López Aliaga, él creó un fideicomiso con dos impuestos municipales, el vehicular y el de alcabala. En vez de pedir préstamos, adelantó los ingresos futuros de la municipalidad. Eso permitió financiar obras sin tocar el presupuesto diario de Lima. Además, ese fideicomiso está controlado por un banco fiduciario con reglas de auditoría y transparencia. Por eso no se considera deuda pública, sino una operación de inversión garantizada. Como resultado de esta operación, el alcalde de Lima fue galardonado por LatinFinance en agradecimiento a la exitosa emisión de bonos internacionales por 1,200 millones de soles (Revista Caretas), reconocida como la mejor operación financiera de toda Latinoamérica y el Caribe. Por eso, antes de repetir la ignorancia de algunos, investiga, porque mientras algunos critican sin entender, otros están modernizando la gestión pública del país.

Existen voces de algunos políticos que el endeudamiento municipal constituye un delito, y que tiene que ser denunciado; en principio, una operación financiera de fideicomiso no constituye delito por ser una herramienta de este tipo reconocida por la ley peruana; la deuda no es intrínsecamente negativa. De hecho, es una herramienta estándar para: Suavizar el gasto, permitir inversiones grandes hoy que se pagarán con los impuestos de mañana (cuando la obra ya genera beneficios). Es considerada como un apalancamiento para ejecutar obras que el presupuesto corriente no permitiría y, si el dinero endeudado se invierte en activos productivos (metropolitano, puentes, saneamiento) que mejoran la productividad de la ciudad, la deuda se considera "sana". El problema surge cuando la deuda financia gasto corriente (sueldos, burocracia) o cuando la capacidad de pago se ve comprometida.

Para que el endeudamiento constituya un delito, deben configurarse tipos penales específicos, como peculado, colusión o negociación incompatible. En esta operación existe ausencia de los tres tipos penales; voy a hacer mención de corrupción (no hay sobreprecios, no hay desvíos de fondos a cuentas privadas y los procesos de contratación son transparentes).

El endeudamiento ha sido autorizado por acuerdo de concejo municipal; es un acto administrativo legal (la Ordenanza n.º 2604 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, suscrita por el alcalde Rafael López Aliaga con fecha 29 de febrero de 2024). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante DECRETO DE URGENCIA n.º 003-2024, suspende temporal y excepcionalmente las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y exonera de los requisitos previos de cumplimiento de reglas fiscales a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. En consecuencia, la Municipalidad de Lima realiza la operación de deuda garantizada con recursos provenientes del impuesto de alcabala e impuesto vehicular.

Dejar en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2024 lo dispuesto en el segundo párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo n.º 1275, el cual aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Una deuda moderada para obras estratégicas es motor de desarrollo. Criticar el endeudamiento “per se” es ignorar cómo se financian las ciudades modernas. Lo que se debe vigilar es la transparencia, la capacidad de pago futura y, sobre todo, que el cemento puesto se traduzca en bienestar real para el ciudadano, para la ciudad de Lima. La gestión pública se debe juzgar no por la existencia de deuda, sino por la calidad del gasto.

Las obras del alcalde Rafael López Aliaga:

Estos son todos los bypasses en construcción: algunos por terminar.

1.    El bypass de la pista nueva tiene 800 metros.

2.    El bypass Huarochirí tiene 500 metros de longitud.

3.    El bypass Villa María tiene 900 metros.

4.    El bypass Nicolás Arriola tiene 350 metros de longitud.

5.    El bypass Próceres Wiese tiene 3.6 km.

6.    El bypass José Granda tiene 780 metros.

7.    El bypass Tomás Valle tiene 850 metros.

8.    El bypass Surco tiene 330 metros.

9.    El bypass Los Próceres tiene 380 metros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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