Obras por Impuestos: el mecanismo que une inversión privada y desarrollo público en el Perú

Obras por Impuestos: el mecanismo que une inversión privada y desarrollo público en el Perú

En el país se habla cada vez más de “Obras por Impuestos” como una vía ágil para reducir brechas de infraestructura, sin esperar los lentos desembolsos presupuestarios tradicionales. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Quién puede participar? ¿Qué beneficios reciben las empresas? ¿Hasta dónde llega el control del Estado? A continuación, todo lo que debes saber sobre este mecanismo.

Fuente: La República

¿Existe norma que regula este procedimiento?

Sí, con claridad y vigencia. El marco legal principal es la Ley n.º 29230, conocida como la Ley de Obras por Impuestos, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Fue ampliada y mejorada por la Ley n.º 32460, de octubre de 2025, que elevó los beneficios tributarios y amplió los tributos contra los que se pueden aplicar los certificados.

Complementan el cuerpo normativo el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley n.º 29230 y su Reglamento vigente, aprobado por Decreto Supremo n.º 038-2026-EF, publicado en marzo de 2026.

¿Qué empresas pueden participar y qué requisitos deben cumplir?

Pueden postular personas jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, de capital íntegramente privado, que no estén sujetas a los sistemas administrativos del sector público. Los requisitos clave son:

- Contar con RUC activo y domicilio habido.

- Acreditar patrimonio neto mínimo según el monto del proyecto.

- Presentar estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios.

- No estar inhabilitada para contratar con el Estado ni mantener deudas firmes en cobranza coactiva.

- Demostrar capacidad técnica y experiencia conforme a las bases del concurso.

- Las empresas extranjeras deben establecer una filial, subsidiaria o sucursal en el Perú.

Quedan impedidas aquellas vinculadas a casos de corrupción o que mantengan bonos estatales caducados como parte de su patrimonio.

¿Qué entidades públicas pueden usar este mecanismo?

El mecanismo está abierto a múltiples niveles de gobierno:

- Entidades del Gobierno Nacional.

- Gobiernos regionales.

- Gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales).

- Universidades públicas.

- Juntas de Coordinación Interregional y mancomunidades tanto regionales como municipales.

¿Qué beneficios reciben las empresas?

La empresa que invierte recupera su dinero mediante Certificados de Inversión Pública conocidos como **CIPGN para obras del Gobierno Nacional y CIPRL para obras regionales o locales — que tienen efecto cancelatorio: funcionan como dinero para pagar impuestos.

Tras la reforma de octubre de 2025, los certificados sirven para cancelar hasta el 80% del pago a cuenta, regularización o deuda de:

-  Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

-  Impuesto General a las Ventas (IGV).

-  Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).

-  Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

-  Impuesto especial a la minería.

-  Impuesto al consumo de bolsas de plástico y regímenes especiales de renta.

Además, los saldos no utilizados devengan revaluación por inflación, protegiendo su valor real.

¿Los certificados sirven para pagar tributos? ¿Cuánto duran?

Sí, totalmente. Tanto el CIPGN como el CIPRL tienen carácter cancelatorio: extinguen obligaciones tributarias ante SUNAT. Se emiten por el monto total de la inversión reconocida y pueden fraccionarse.

Su vigencia es de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión. Si al vencimiento queda saldo sin usar, la empresa puede solicitar su devolución mediante Notas de Crédito Negociables.

¿Quién pone los topes y quién vigila?

No todo queda en manos del mercado: el Estado mantiene el control.

Los límites anuales

Los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA), es decir, cuánto puede comprometer cada entidad en obras por impuestos, los aprueba el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el bienio 2026–2027, el tope global asciende a S/ 69,096 millones, según el Decreto Supremo n.º 121-2026-EF.

Los montos por cada entidad (región, municipalidad o universidad) aparecen detallados en los anexos del mismo decreto, publicados en el portal del MEF y en el Diario Oficial El Peruano. En el caso del Gobierno Nacional, no existe un tope global único: cada entidad define su capacidad dentro de su presupuesto asignado.

La fiscalización

- Contraloría General de la República: emite un Informe Previo obligatorio antes de cada proceso de selección y ejerce control concurrente durante la obra.

- MEF: Calcula los topes, emite los certificados y supervisa el sistema.

- SUNAT: Verifica y procesa el uso tributario de los certificados.

- PROINVERSIÓN: Brinda asistencia técnica y promociona el mecanismo.

¿Quién establece el beneficio tributario?

El porcentaje de descuento y los tributos afectos se fijan por ley, no por decreto: actualmente, la Ley n.º 29230 y su modificatoria n.º 32460 establecen el 80% y la lista de impuestos. Ninguna autoridad puede modificar ese beneficio por sí sola.

¿Cómo funciona el proceso, paso a paso?

El mecanismo se desarrolla en cuatro etapas claras:

1. Priorización y actos previos: La entidad pública selecciona el proyecto, solicita el Informe Previo a la Contraloría y verifica que el monto no supere su tope disponible.

2. Convocatoria y selección: Se publica el llamado en SEACE y PROINVERSIÓN; las empresas presentan propuestas; se evalúa y se firma el Convenio de Inversión en un plazo aproximado de 60 días hábiles.

3. Ejecución de la obra: La empresa construye con recursos propios. Si la obra dura más de cinco meses, puede solicitar certificados trimestralmente por avance. Si dura menos, se emiten al finalizar.

4. Recepción, liquidación y emisión de certificados: Tras terminar la obra, hay hasta 120 días calendario para la liquidación final. Luego el MEF emite los certificados a favor de la empresa, que los usará para pagar sus impuestos en los siguientes diez años. 

En síntesis

Obras por Impuestos permite que las empresas adelanten inversión en infraestructura que el Estado necesita, y recuperen ese dinero pagando menos impuestos durante diez años. Es una herramienta poderosa, con reglas claras, topes publicados y control independiente. Su éxito depende de que las entidades públicas preparen bien los proyectos y de que las empresas conozcan a fondo el mecanismo.

 

Propuesta: Modelo de recaudación participativa para combatir la evasión tributaria en el Perú

 

Propuesta: Modelo de recaudación participativa para combatir la evasión tributaria en el Perú

Por: Ulises Rodas M. Dr. en Economía

1. Diagnóstico de la situación actual 

La evasión tributaria es un problema estructural de gran magnitud en el Perú, y tiene efectos directos sobre la capacidad del Estado de financiar servicios públicos e infraestructura. Según estimaciones de la SUNAT y el MEF, el promedio reciente de estos niveles de evasión (en torno al 32%-34% en el IGV y al 33%-54% en el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los años 2024 y 2025, respectivamente) representa la tendencia estructural de la economía peruana, la cual equivale a una pérdida anual estimada de más de S/ 99,000 millones. Ello indica que una proporción importante de contribuyentes quebranta la normativa tributaria, afectando la recaudación y el cumplimiento del contrato social.

 Comparación regional y contexto internacional

En América Latina y el Caribe, la evasión tributaria representa en promedio cerca del 6–7 % del PIB, con una brecha recaudatoria marcada por alta informalidad, debilidad institucional y dificultades para fiscalizar sectores complejos:

Posición del Perú en la región

Según datos oficiales de SUNAT, MEF, CEPAL y estudios especializados (al 2025–2026):

Tasas de evasión específicas:

IGV: aprox. 32–34 % de la recaudación potencial (equivalente a 3,4 % del PIB), por encima de Chile (estimado 21%) y Uruguay (estimado 20.7%), similar a Bolivia (estimado en 35%) y debajo de Argentina (estimado 37%), y República Dominicana (36.5%)

Impuesto a la Renta: 33–54 % de evasión, según la fuente, ubicándose entre los niveles medios‑altos de la región.

Pérdida total estimada: La evasión combinada de IGV e IR representa entre 5,5 % y 9 % del PBI anual.

Ranking comparativo:

En presión tributaria total (16,3 % del PBI en 2024), Perú ocupa el puesto 23 de 28 economías de la región, entre los de menor recaudación, por debajo del promedio latinoamericano (21,3 %) y muy por debajo de países como Brasil, Argentina o Chile (23–30 %).

En evasión del Impuesto a la Renta, se encuentra entre los países con mayores niveles, solo superado por naciones como Argentina (estimado en 69.6%) y Ecuador (estimado en 56%)

En resumen: Perú registra una evasión superior al promedio de los países más desarrollados de la región y cercana o algo por encima del promedio general, lo que explica su baja presión tributaria y su posición rezagada en capacidad recaudatoria.

Relación con la informalidad

El alto grado de informalidad económica es uno de los factores principales que agravan la evasión tributaria. Según el INEI, el sector informal emplea al 60% de la población económicamente activa (PEA) y representa el 17.8% del PBI. La informalidad significa que millones de unidades productivas y trabajadores no cumplen con sus obligaciones tributarias, lo cual reduce la base de contribuyentes y limita la recaudación fiscal.

Consecuencias fiscales

La evasión tributaria contribuye significativamente al déficit fiscal, que en 2023 alcanzó el 2.8% del PBI, superando la regla fiscal establecida. Esta situación limita la capacidad del Estado para financiar proyectos y programas sociales, y obliga a recurrir a endeudamiento o recortes presupuestarios.

Percepción y cultura tributaria

Estudios muestran que la evasión tributaria está relacionada con una débil cultura tributaria, desconfianza hacia el Estado y desconocimiento de los beneficios del cumplimiento fiscal. Un 81% de los encuestados en un estudio de Lima considera que la evasión afecta gravemente la recaudación fiscal.

Resumen de la magnitud de la evasión tributaria

1. Evasión tributaria estimada: S/ 58,000 millones en 2019 (7.7% del PBI).

2. Evasión en rentas de trabajo: hasta 19% en 2018 (S/ 2,381 millones).
3. Recaudación efectiva: solo 52.8% del potencial tributario.
4. Informalidad: 17.8% del PBI y 60% de la PEA.
5. Déficit fiscal: 2.8% del PBI en 2023, en parte por evasión.

La evasión tributaria es, por tanto, un problema de gran magnitud que limita el desarrollo económico y social, y cuya solución requiere fortalecer la cultura tributaria, mejorar la administración fiscal y reducir la informalidad.

Causas estructurales

1.     1. Alta informalidad: Más del 70% de la PEA trabaja en el sector informal, donde no se pagan impuestos.

2. Débil cultura tributaria: Muchos contribuyentes no perciben el pago de impuestos como un deber ciudadano.
3. Deficiencias en la fiscalización: La SUNAT no tiene la capacidad ni una política clara para fiscalizar eficazmente a todos los contribuyentes. Es imposible una fiscalización empleando agentes fiscalizadores. Notándose en estos últimos años que la SUNAT está utilizando herramientas tecnológicas para hacer cruces de información con los agentes económicos y plataformas digitales.
4. Elusión sofisticada: Grandes empresas utilizan vacíos legales o paraísos fiscales para reducir artificialmente sus obligaciones tributarias. Y en algunos casos, la deuda tributaria la judicializan por años.

Consecuencias

1. 1. Menor inversión pública: Menos recursos para salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.

2. Desigualdad: La carga tributaria recae con más fuerza sobre quienes no pueden evadir, como los trabajadores formales.

3. Competencia desleal: Las empresas formales enfrentan desventajas frente a negocios informales o evasores.

4. Débil estado: Menos capacidad para implementar políticas públicas efectivas, por su alta corrupción en las instituciones públicas.

2. Objetivo del modelo participativo

El modelo tiene como fin evitar la evasión tributaria en todo nivel de negocios y prestación de servicios, sea cual sea el comprobante de pago a emitir, boleta de venta, factura o recibo por honorarios profesionales. Esta devolución estará a cargo de la SUNAT, a través de la devolución del impuesto del 12% del IGV por la compra de bienes y del 12% de los servicios recibidos por cada ciudadano.

3. Campañas de concientización y educación

La SUNAT debe lanzar campañas masivas de comunicación, mediante medios tradicionales y redes sociales, charlas en colegios, universidades, centros comunitarios, organizaciones civiles y colegios profesionales: “Pide comprobante de pago”, que informen sobre la importancia de exigir comprobantes de pago, el beneficio de la devolución del 12% que representa para el comprador cuando pide el comprobante de pago y los perjuicios de no hacerlo, tanto para el Estado como para el ciudadano.

Estas campañas buscarían cambiar hábitos y reforzar la cultura tributaria. La masificación de los comprobantes de pago ha hecho que pedir y emitir comprobantes sea más sencillo y seguro, lo que elimina barreras tediosas para el consumidor. Además, el almacenamiento digital facilita el acceso y uso posterior del comprobante.

4. Justificación de la propuesta

La propuesta de devolución del 12% del IGV pagado por las compras de bienes y la devolución del 12% del Impuesto a la Renta pagado por la prestación de los servicios con abono mensual a la cuenta bancaria del consumidor la hace atractiva por las siguientes razones:

a. Sencilla y directa: No es una lotería ni un crédito tributario, sino una devolución tangible.

b. Incentivo económico inmediato: Motiva a pedir comprobante de pago sea (boleta, factura o recibo por honorarios)  sin esfuerzo adicional.

c. Promueve inclusión financiera: Fomenta el uso del sistema bancario, especialmente entre sectores informales.

d. Fortalece el vínculo ciudadano-Estado: El contribuyente ve beneficios directos por cumplir con su deber.

Existen ejemplos similares en diferentes países con resultados muy positivos, como:

EN BRASIL

Programa “Nota Fiscal Paulista”

• Incentivo: Los consumidores reciben un porcentaje del impuesto pagado (ICMS, similar al IGV) como devolución si solicitan su nota fiscal electrónica.
• Recompensa: Se abona directamente en su cuenta bancaria o se puede usar para pagar impuestos o donar a ONGs.
• Impacto: Redujo la evasión e incrementó la cultura tributaria en el estado de São Paulo. Otros estados brasileños replicaron el modelo.

EN TAIWÁN

“Lotería de facturas”

• Incentivo: Cada factura electrónica tiene un número que participa en una lotería nacional, con premios que van desde US$ 10 hasta US$ 300,000.
• Objetivo: Motivar a los consumidores a exigir facturas para registrar ventas y reducir la evasión.
• Resultado: Considerado uno de los sistemas más exitosos del mundo.

EN COREA DEL SUR

Créditos fiscales por facturas

• Incentivo: Los contribuyentes reciben créditos fiscales al solicitar recibos electrónicos, lo que reduce el impuesto sobre la renta al final del año.
• Resultado: Fuerte aumento en la emisión de comprobantes.

Estos ejemplos muestran el incentivo que recibe el consumidor para pedir comprobante de pago.

Indicadores de éxito

- Incremento del número de comprobantes emitidos, lo que refleja una mayor recaudación tributaria.

- Aumento en la recaudación tributaria mensual y anual.

- Reducción progresiva de la informalidad en todos los sectores.

- Alto nivel de participación ciudadana en el programa.

Riesgos potenciales y plan de mitigación

- Riesgo de falsificación o manipulación de comprobantes.

- Saturación de la plataforma por alta demanda.

- Resistencia cultural inicial a usar aplicaciones digitales.

- Validaciones automáticas, soporte técnico, campañas educativas, a cargo de la SUNAT.

Conclusión

Esta medida puede transformar positivamente el sistema tributario del IGV y del Impuesto a la Renta. Bajo dos conceptos fundamentales: evitar la evasión y elusión tributaria, y mejorar los niveles de bancarización de las operaciones comerciales.

Llamado a la acción para su evaluación, prueba piloto e implementación a nivel nacional.

 

 

 

 

El Niño en el horizonte peruano: Entre la ciencia, el riesgo y la deuda de la prevención

El Niño en el horizonte peruano: Entre la ciencia, el riesgo y la deuda de la prevención

Por: Ulises Rodas, Dr. en Economía

Los pronósticos oficiales del clima ya advierten que, entre octubre y diciembre de 2026, es muy probable que el fenómeno de El Niño se vuelva a presentar en las costas del país, con intensidad que podría oscilar entre moderada y fuerte. Frente a esta perspectiva, cabe una pregunta inevitable: ¿Está el país realmente preparado para afrontar sus consecuencias? Para responderlo, analizamos tres aspectos fundamentales: la definición, los riesgos que implica y el estado de preparación, incluyendo los recursos económicos destinados y el nivel de ejecución.

Fuente: CooperAcción

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño es la fase cálida natural del ciclo climático conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Se presenta cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan de forma anómala y prolongada ante las costas de Perú y Ecuador.

Su nombre tiene un origen histórico: los pescadores de la zona norte observaban que aparecía por allí cerca de las fiestas de Navidad, por lo que le llamaron “El Niño”, en referencia al Niño Jesús. Se presenta cada 2 a 7 años, con una duración usual entre 9 y 12 meses. En el caso peruano, además de este fenómeno global, existe una variante local llamada ‘El Niño Costero’; afecta una franja más pequeña del mar, pero genera un calentamiento muy intenso cerca de la costa, lo que causa lluvias mucho más fuertes y concentradas, con impactos locales mucho más graves que los de un evento global promedio.

Por lo general, la corriente de Humboldt trae a la costa peruana aguas frías y ricas en nutrientes, manteniendo un clima árido y estable. Pero durante El Niño esa corriente es desplazada por una masa de agua cálida. Producir una evaporación masiva. Como consecuencia, se forman nubes de gran desarrollo vertical que descargan precipitaciones atípicas y torrenciales, sobre todo en la costa norte y centro del país, zonas que normalmente son desérticas o semiáridas.

¿Consecuencias y riesgos de desastres?

Los efectos de El Niño no son uniformes en todo el país; se ven claramente alterados por la zona geográfica:

Son las regiones más vulnerables de la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad). Se presentan lluvias torrenciales que superan ampliamente los promedios habituales, desbordando los ríos, provocando huaicos, inundaciones extensas y daños graves en viviendas, carreteras, puentes, redes de agua potable y alcantarillado. Para referencia, El Niño Costero de 2017 dejó más de 160 fallecidos, más de 1,5 millones de personas afectadas y pérdidas económicas estimadas en más de 17.300 millones de soles.

En la Sierra Sur y la Amazonía, el escenario es inverso: sequías prolongadas, marcada disminución de los caudales de los ríos, escasez de agua para consumo humano y riego, y mayor riesgo de incendios forestales.

Impactos secundarios: la pesca se desploma, la agricultura pierde, las enfermedades asociadas al agua y a vectores como el dengue o la malaria crecen, y los alimentos se encarecen porque se rompen las cadenas de producción y transporte.

¿Cuán preparado está el país? Recursos y ejecución presupuestal

Para reducir estos riesgos, el Estado ha definido planes y asignado recursos específicos. Sin embargo, los datos revelan una realidad preocupante: Recursos destinados: Según información de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizada a junio de 2026: Se ha asignado un presupuesto específico de 3.565 millones de soles para acciones de prevención y respuesta ante El Niño en el presente año. A esto se suma el programa presupuestal permanente “Reducción de la vulnerabilidad ante desastres”, que cuenta con 2.501 millones de soles. Para obras estructurales de gran escala como defensas ribereñas y sistemas de drenaje, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene programados 29 proyectos prioritarios, con una inversión estimada en 15.000 millones de soles en 14 departamentos de alto riesgo. - Además, se aprobaron partidas adicionales por 4.500 millones de soles en el 2025 y 1.446 millones de soles para atender 619 intervenciones en 7 regiones críticas.

¿Nivel de ejecución?

Aunque los montos asignados son bastante significativos, el avance es realmente bajo. De un presupuesto específico de 3.565 millones, solo se ha ejecutado el 5,6%, lo que se traduce en alrededor de 200 millones de soles gastados hasta ahora. En cuanto a los niveles de gobierno, el gobierno nacional ha ejecutado apenas el 2,4%; los gobiernos regionales han alcanzado un 5,6%, mientras que los gobiernos locales muestran un mejor desempeño, aunque aún insuficiente, con su avance del 54,9%. En las regiones más vulnerables, Piura tiene un avance del 26,7%, Lambayeque del 38,8% y Tumbes apenas llega al 2,7%. Las obras estructurales prioritarias siguen en gran medida paralizadas debido a retrasos en los desembolsos, lo que genera un riesgo real de que no se terminen antes de que lleguen las lluvias.

¿Por qué no se está utilizando el dinero?

Los informes de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coinciden en las causas de este “cuello de botella”. Incapacidad técnica local. Muchas municipalidades carecen de ingenieros o planificadores suficientes para elaborar los expedientes técnicos de las obras de mitigación. Burocracia y normativas. La Ley de Contrataciones del Estado y los procesos administrativos hacen que la aprobación de un proyecto para encauzar un río pueda tardar meses e incluso años. Cuando la naturaleza no espera. Falta de mantenimiento. El dinero se destina a obras nuevas (que más son para la foto políticamente) y no al mantenimiento operativo anual de limpieza de ríos y drenajes, que es lo que realmente salva vidas. Corrupción, malos manejos, desvío de fondos o paralización de obras debido a inconsistencias contractuales.

¿Cómo romper el ciclo de la tragedia?

El fenómeno de El Niño es un evento natural; convertirlo en un desastre humanitario es una decisión humana. El Estado destina miles de millones de soles para hacerle frente, pero la baja ejecución del presupuesto preventivo en el Gobierno Nacional, Regional y los Gobiernos Locales demuestra que seguimos atrapados en la cultura de la "reconstrucción" en lugar de la "prevención".

Mientras no se simplifique la burocracia para las obras de mitigación, no se capacite técnicamente a los funcionarios de las regiones, municipalidades y no se fiscalice el gasto preventivo con mano dura, el país seguirá llorando a sus muertos y contando sus pérdidas económicas cada vez que el Pacífico decida calentarse. El dinero está en el papel; el reto es que llegue a las regiones y municipalidades antes de que caiga la primera gota de lluvia.

En conclusión, nuestro país cuenta con planes definidos y con los recursos económicos aprobados para enfrentar el fenómeno. El problema principal no es la falta de asignación, sino la lentitud en la ejecución, las trabas burocráticas y la falta de continuidad en los proyectos. En definitiva: hay presupuesto, pero el gobierno nacional, las regiones y municipalidades llegan con retraso en el tiempo de preparación, justo cuando el reto climático se acerca cada vez más.

 

 Fuentes consultadas:

- Contraloría General de la República (informes de monitoreo, mayo-junio 2026)

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

- Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)

- Reportes de medios especializados y agencias de noticias oficiales

 

 

Descentralización económica en el Perú: más recursos, menor ejecución, ¿sigue el centralismo?

Descentralización económica en el Perú: más recursos, menor ejecución, ¿sigue el centralismo?

Por: Ulises Rodas Dr. en Economía

Por décadas, la descentralización fue planteada como una de las reformas más importantes para reducir las desigualdades territoriales y acercar la gestión pública a las Regiones y Municipalidades provinciales y distritales más alejadas de la capital. Fue clara la idea central: pasar recursos y competencias del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y a las municipalidades, para que sean ellos los que decidan e inviertan en inversiones que sus poblaciones necesitan. Pero los datos oficiales del primer semestre de 2026 muestran una realidad que no se ajusta a los objetivos planteados.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de enero a junio de este año se transfirieron a los gobiernos subnacionales un total de S/59,460 millones de soles, lo que representa un incremento del 6,2 % respecto al mismo periodo de 2025. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestaria promedio cayó de 35,2 % a 32,2 %, lo que implica que, de cada 100 soles enviados desde Lima, solo se gastan 32 en regiones y municipios.

Además, el detallado análisis que se hace a continuación muestra una creciente brecha según nivel de gobierno: mientras los gobiernos regionales ejecutaron el 37,7 % de sus recursos, las municipalidades provinciales llegaron al 33,8 % y las distritales apenas al 28,5 %, siendo estas últimas las que incluso registraron una reducción en el gasto respecto al año anterior. Estos resultados reabren el debate sobre la existencia o no de una descentralización efectiva o si, por el contrario, persiste una forma de centralismo económico; el dinero se transfiere legalmente, pero la falta de capacidad de gestión, agilidad administrativa y recursos humanos calificados hace que la inversión pública se estanque, manteniendo el poder de decisión y ejecución concentrado en las instancias del Ministerio de Economía y Finanzas.

En este artículo se revisan cifras que permiten comparar su evolución y ahondar en por qué, aun ingresando más dinero cada año, las regiones y localidades siguen sin poder gastarlo para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Datos oficiales Primer semestre 2026 (enero-junio) | Fuente: MEF, SIAF, reportes oficiales al 15/06/2026.

1. Gobiernos Regionales

- Recibido / Asignado total: S/29,870 millones (transferencias + recursos propios, PIM acumulado a junio)

- Devengado (ejecutado): S/11,245 millones

- Grado de ejecución: 37,7 % del total asignado

- En inversiones: recibieron S/8,120 millones, ejecutaron S/2,680 millones, lo que representa un 33,0 % de ejecución en términos porcentuales.

2. Municipalidades provinciales

- Recibido / Total asignado : S/12,460 millones (FONCOMUN, Canon, Transferencias incluidos)

- Devengado (Ejecutado) : S/4,210 millones

- Grado de ejecución: 33,8 %

- En cuanto a inversiones: S/5,980 millones programados, ejecutaron S/1,750 millones, lo que equivale a un 29,3 % de ejecución en términos porcentuales.

3. Municipalidades distritales

- Recibido / Total asignado: S/17,130 millones (FONCOMUN, Canon, recursos ordinarios)

- Devengado (Ejecutado): S/4,890 millones

- Nivel de ejecución: 28,5 %

- En inversiones: S/7,840 millones asignados, ejecutaron S/1,920 millones, lo que representa un 24,5 % de ejecución en términos porcentuales.

Por tanto, podemos concluir afirmando que del total descentralizado (enero-junio 2026) fue de S/ 59,460 millones y solo se ejecutó 32,2 %.

Se puede apreciar que mientras más bajo es el nivel de gobierno, menor es la ejecución (regiones, municipalidades provinciales, municipalidades distritales). Muchos recursos se transfieren, pero baja capacidad de gasto, lo que refuerza la percepción de centralismo en la práctica, aunque legalmente si existe descentralización efectiva.

Comparación 2025 vs 2026 (enero-junio)

1. Gobiernos Regionales

Concepto	Año 2025	Año 2026	Variación
Recibido/asignado	S/27340 millones	S/29870 millones	+9,2%+S/2530 M
Devengado/Ejecutado	S/10580 millones	S/11245 millones	+6,3% +S/665 M
Grado de ejecución	38,7%	37,7%	-1,0 %
Inversiones
Asignado	S/7450 millones	S/8120 millones	+9,0%
Ejecutado	S/2420 millones	S/2680 millones	+10,7%
Ejecución de inversiones	32,5%	33,0%	+0,5 %

Del análisis se puede concluir que los recursos aumentaron, pero la ejecución general bajó levemente; solo en inversiones hubo ligera mejora.

2. Municipalidades provinciales

Concepto	Año 2025	Año 2026	Variación
Recibido/asignado	S/11820 millones	S/12460 millones	+5,4% +S/640 M
Devengado/Ejecutado	S/4130 millones	S/4210 millones	+1,9% +S/80 M
Grado de ejecución	34.9%	33.8%	-1,1 %
Inversiones
Asignado	S/5670 millones	S/5980 millones	+5,5%
Ejecutado	S/1710 millones	S/1750 millones	+2,3%
Ejecución de inversiones	30,1%	29,3%	-0,8%

Del análisis se puede concluir que hubo crecimiento de recursos, pero el gasto casi no avanzó, mostrando una caída en la ejecución, especialmente en obras.

3. Municipalidades distritales

Concepto	Año 2025	Año 2026	Variación
Recibido/asignado	S/16850 millones	S/17130 millones	+1,7% +S/280 M
Devengado/Ejecutado	S/5020 millones	S/4890 millones	-2,6% -S/130 M
Grado de ejecución	29,8%	28,5%	-1,3%
Inversiones
Asignado	S/7720 millones	S/7840 millones	+1,6%
Ejecutado	S/2010 millones	S/1920 millones	-4,5%
Ejecución de inversiones	26,0%	24,5%	-1,5%

Del análisis se puede deducir que los recursos que recibieron se incrementaron muy poco, pero continuamos con la ejecución baja, así como también en inversiones donde más se nota la debilidad de gestión.

RESUMEN GENERAL (2025 vs 2026)

Concepto	Año 2025	Año 2026	Variación
Total transferido	S/56010 millones	S/59460 millones	+6,2%
Total ejecutado	S/19730 millones	S/20345 millones	+3,1%
Ejecutado promedio	35,2%	32,2%	-3,0%

Cuanto más bajo sea el nivel de gobierno, mayor será la brecha: regiones, provincias, distritos. Esto confirma que el problema no es solo la asignación, sino la capacidad de ejecución y gestión, lo que refuerza la sensación de que el poder de gasto sigue muy concentrado en la capital, aunque se transfieran legalmente recursos.

La descentralización de recursos avanza, pero la ejecución se estanca y retrocede. El Estado transfirió S/3,450 millones más que en 2025 entre enero y junio de 2026 (+6,2 %), pero el gasto real solo creció la mitad (+3,1 %). El resultado, por cada 100 soles enviados a regiones y municipios, solo se gastan 32, y cuanto más abajo en la estructura, peor es el rendimiento.

Esto confirma el descontento de la población más alejada de la capital, que no ve ninguna mejora en la calidad de vida del ciudadano en sus comunidades; el problema no es falta de asignación, es falta de capacidad de gestión, personal calificado y agilidad administrativa. Aunque legalmente está descentralizado, el poder de gasto está concentrado en la práctica; el dinero desciende, pero no se gasta o no se invierte. Queda entonces una tarea para el nuevo gobierno que se instala el 28 de julio del 2026: revisar el modelo de descentralización y hacer los cambios más adecuados para revertir el descontento de la población, que hoy reclama por agua, caminos, electricidad, hospitales, colegios, servicios básicos para una mejor calidad de vida.