INSEGURIDAD NACIONAL

 

Por: Ulises Rodas

El año escolar 2025 comenzó oficialmente el lunes 17 de marzo de 2025, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu) en la Resolución Ministerial n.º 556-2024-MINEDU. En esta fecha, más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en todo el país.

Algunos colegios han considerado iniciar el año escolar mediante clases virtuales por la inseguridad que vive el país, como medida de protección a los escolares. Se dice que existen cientos de colegios amenazados por extorsionadores, por lo que los directores de los colegios solicitaron al Estado mayor protección a los centros educativos.

Un día antes del inicio de clases, el cantante Paul Flores, conocido como "El Ruso" y vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, recibió un impacto de bala disparado por extorsionadores; el mismo que falleció la madrugada del domingo 16 de marzo de 2025. El incidente ocurrió alrededor de las 2:35 a. m. en la Vía de Evitamiento, después de que la agrupación ofreciera un concierto en San Juan de Lurigancho.

Este trágico suceso ha generado conmoción en el país y ha llevado a las autoridades a tomar medidas para enfrentar la creciente violencia. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, autorizando el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

Aquí cabe preguntarse qué está pasando con los operadores de justicia, Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio Público, Poder Judicial e INPE. ¿Dónde está el problema de la inseguridad nacional? En mi opinión, está en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se ha revelado una estadística en un medio de comunicación que indica que existen más de 1800 criminales liberados impunemente por la Fiscalía y el Poder Judicial, a pesar de que la Policía Nacional captura en flagrancia a los criminales y los fiscales los sueltan, y en algunos casos estos criminales son reincidentes, al haber sido capturados en operativos anteriores y que la Fiscalía tiene conocimiento. Este proceder de la fiscalía y del poder judicial envía un mensaje de impunidad en favor de los delincuentes.

Al respecto, José Luis Gil, un ex GEIN, habla de un posible sabotaje, expresa que es muy fácil echarle la culpa al Ministro del Interior y que el Congreso de la República pretenda censurarlo, sin hacer un análisis exhaustivo de los hechos. Creo que el Congreso debe dar un vistazo a la fiscalía y al poder judicial, en donde, en mi opinión, está el problema, y tomar acciones que le competen contra la fiscal de la nación y el presidente del poder judicial. Que no están trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Se puede decir que la justicia se ha convertido en cómplice de la delincuencia en el país porque, al liberar a delincuentes, saben perfectamente que volverán a cometer crímenes y asesinatos. Si queremos recuperar la tranquilidad de la población, el cambio debe empezar por la justicia, vale decir, Ministerio Público y poder judicial; se necesita una reforma urgente en estos dos operadores de justicia.

La presión política se centra en el Ministro del Interior; el día 20 de marzo de 2025 a las 10.00 am se presentó ante el Congreso de la República el Ministro del Interior para exponer las acciones y estrategias de su sector en la lucha contra la inseguridad ciudadana, en un intento por evitar su censura. Durante su intervención, Santiváñez destacó que, entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2025, la Policía Nacional ha detenido a 91,907 personas en 219,490 operativos a nivel nacional. Sin embargo, señaló que el 92% de estos detenidos fueron liberados, responsabilizando al Ministerio Público por estas liberaciones. Además, el ministro atribuyó el incremento de la criminalidad a las dinámicas migratorias permitidas por gestiones anteriores, afirmando que su administración no abrió las puertas a esta situación. El Congreso debatirá y votará el viernes 21 de marzo de 2025 las mociones de censura presentadas contra el ministro Santiváñez. En mi opinión, el cambio de ministro no será la solución al problema.

Existe un clamor nacional respecto a la inseguridad. Los recientes incidentes violentos, como el asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10 por extorsionadores, han generado una profunda preocupación en la sociedad peruana. En respuesta, colectivos ciudadanos han convocado a una marcha nacional contra la inseguridad para el viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín de Lima, con la participación de destacados artistas.

Las estadísticas reflejan un aumento significativo en la criminalidad: en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en el país, comparados con 674 en 2017. Además, las denuncias por extorsión ascendieron a 22,800 el año pasado, cuatro veces más que en 2017. La sociedad peruana exige acciones efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Este clamor popular afectará a los intereses partidarios de quienes pretenden ser candidatos en las próximas elecciones presidenciales, diputados y senadores en el año 2026.

La creciente ola criminal en el Perú ha captado la atención a nivel internacional. La violencia y la inseguridad han aumentado significativamente en los últimos años, con un incremento alarmante en los casos de asesinatos, extorsiones y sicariato.

Aquí algunos datos registrados de mayor importancia:

1. Aumento de homicidios: En 2024, el país registró 2.057 asesinatos, en comparación con 674 en 2017.

2. Extorsión descontrolada: Las denuncias por extorsión pasaron de 5.000 en 2017 a 22.800 en 2024, lo que afecta a comerciantes y empresarios.

3. Crimen organizado: Bandas criminales locales y extranjeras han tomado fuerza, aumentando la percepción de inseguridad en diversas ciudades.

4. Reacción del gobierno: Se ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao, autorizando el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad.

Juan Carlos Liendo, exjefe de la DINI, advierte que, al declarar un estado de emergencia sin un plan estratégico, las acciones planteadas por el Gobierno para combatir la inseguridad a nivel nacional podrían ser ineficaces. Como ha sucedido con declaratorias de emergencia anteriores en el Callao y otros distritos de la capital que no han tenido resultados favorables.

Fuente: Fuente abierta