Ampliación
del Reinfo
La
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de Perú aprobó la
extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de
diciembre de 2027. Esta decisión, tomada con 17 votos a favor, 3 en contra y
una abstención, ha generado una fuerte polarización en el escenario político y
social peruano.
Puntos
clave de la medida
1. La
iniciativa no solo prorroga la vigencia del Reinfo hasta fines de 2027, sino que
también busca la revisión del registro de más de 50 mil operadores mineros que
fueron excluidos en junio pasado debido a una inactividad superior a un año.
2.
La
congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) promovió la inclusión de
excepciones para la reincorporación al Reinfo, específicamente restringiendo el
acceso a personas con antecedentes penales por delitos asociados a la minería
ilegal y a quienes hayan sido sancionados por explotar recursos en zonas
prohibidas.
3. La
medida fue respaldada por parlamentarios de varios grupos, incluyendo Fuerza
Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por
el Perú-Bloque magisterial y Podemos.
Reacciones
generadas
1. Organizaciones
como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú
(Confemin) exigieron la aprobación, argumentando que no extender el registro
colocaría en situación irregular a miles de mineros artesanales que aún no han
completado el proceso de formalización.
2.
El
sector empresarial y diversas asociaciones han mostrado un rechazo frontal a la
iniciativa. Gremios como Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias,
Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía instaron al Congreso a no prorrogar el registro.
Advierten
que una nueva ampliación podría representar un grave retroceso en la lucha
contra la minería ilegal y generar riesgos de sanciones internacionales.
Cuestionamientos
al Reinfo
1. El
Reinfo, que ha operado por casi diez años, es cuestionado por su baja tasa de
formalización. Solo el 2% de los 87 mil mineros inscritos logró completar la
formalización.
2. El
78% de los inscritos fue suspendido por omisiones e irregularidades
administrativas, lo que el sector empresarial ve como evidencia de la falta de
eficacia del instrumento.
3. La
Comunidad Andina (CAN) ya ha reclamado al Estado peruano por las continuas
prórrogas y requirió una "corrección inmediata del marco normativo" en
octubre.
4.
Líderes
indígenas, principalmente de regiones como Loreto, han denunciado ante la CAN
que el registro sirve de escudo para operaciones ilegales que utilizan mercurio
y afectan ríos y comunidades.
Por: Ulises Rodas
Fuente: Abierta
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