Caso Rutas de Lima y el "Discovery" en EE. UU

 

Caso Rutas de Lima y el "Discovery" en EE. UU.

El conflicto legal y la investigación que rodea la concesión Rutas de Lima, particularmente enfocada en la matriz de la concesionaria, Brookfield Asset Management, y el origen de los fondos de la concesión.

Órdenes de "Discovery" en Estados Unidos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una de las órdenes de "discovery" más amplias en la historia judicial de Estados Unidos.

Esta decisión autoriza al Estado peruano a solicitar información financiera en Estados Unidos.

La MML podrá citar y revisar registros bancarios y de compensación pertenecientes a Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, varios bancos internacionales, el sistema de compensación CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El objetivo es reconstruir el flujo de fondos entre 2013 y 2016 (periodo que incluye la operatividad de Odebrecht y la adquisición de participación mayoritaria de Brookfield) para identificar posibles pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos irregulares vinculados al contrato.

La corte fundamentó su decisión en la urgencia creada por el proceso penal en curso contra la exalcaldesa Susana Villarán y reconoció el interés público legítimo de obtener información bancaria clave.

El acceso a información bancaria internacional es visto como una estrategia clave para la gestión del alcalde Renzo Reggiardo para esclarecer presuntos flujos ilícitos.

El conflicto arbitral y la liquidación

En paralelo, el conflicto por la concesión sigue escalando.

A inicios de 2025, Brookfield activó un proceso arbitral internacional ante el CIADI, basado en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, reclamando una compensación de aproximadamente 2.700 millones de dólares.

Brookfield argumenta que hubo acciones arbitrarias estatales, como la suspensión de peajes en la Panamericana Norte, atribuidas a la Municipalidad de Lima, el Tribunal Constitucional y otras autoridades.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, había comunicado en junio que la MML evaluaría nuevas estrategias legales tras sufrir una derrota judicial en Washington D.C., donde la Corte de Apelaciones confirmó dos laudos arbitrales favorables a la operadora de los peajes por cerca de 200 millones de dólares.

La MML sostiene que el contrato inicial firmado en 2013 fue producto de corrupción y alegó sobornos y fraude en instancias arbitrales, aunque los tribunales estadounidenses descartaron esa relación directa.

Recientemente, el 1 de octubre, la empresa Rutas de Lima SAC anunció su proceso de liquidación, responsabilizando a la Municipalidad, el Poder Judicial y el Estado peruano.

Un hito reciente fue la orden del Poder Judicial para suspender los peajes de Villa y Punta Negra, la cual se revirtió una semana después, permitiendo retomar el cobro.

Por: Ulises Rodas

Fuente: Abierta